Puesto que estamos acostumbrados a que
las pensiones paguen el IRPF podemos pensar que siempre ha sido así,
pero eso no es verdad.
Empezaron a pagar cuando ya se
vislumbraba el desparrame de las Comunidades Autónomas, con sus 17
defensores del pueblo, 17 televisiones regionales, 17 consejos
jurídicos, etc. Los políticos de entonces ya adivinaron que para
pagar todo eso haría falta mucho dinero. Además, cada uno de ellos
tenía una lista de amigos y parientes a los que enchufar.
Para pagar todo eso, y más todavía de
lo que imaginaban entonces, hacía falta mucho dinero, así que ni
cortos ni perezosos, porque para algunas cosas sí que se ponen de
acuerdo todos los partidos, se sacaron de la manga un reglamento, que
se pasa por el forro la ley del IRPF, que permite esa injusticia
contra los pensionistas.
Posteriormente, y con el mismo motivo de
llenar una gran cantidad de pesebres perfectamente prescindibles, a
la injusticia anterior se ha sumado la de la congelación de las
pensiones, porque en la práctica están congeladas. Las subidas que
otorgan no pueden considerarse como tales.
Si los políticos tuvieran decencia
comprenderían que todas las televisiones regionales sobran, porque
todas son deficitarias. No hay ninguna que se autofinancie. Deberían
tener consideración con los contribuyentes y cerrarlas todas. Pueden
utilizar los servicios regionales de la televisión española.
Las funciones burocráticas que hacen las
diputaciones las podría absorber una dirección general. También
suprimirían todos los chiringuitos que tienen montados con la única
finalidad de colocar a sus afines.
Tampoco, si tuvieran vergüenza,
subvencionarían a ningún medio, porque eso es defraudar al
contribuyente y corromper al medio.
Si la Administración ahorra todo el
dinero que gasta sin que de ese gasto resulte ningún beneficio para
el contribuyente de pronto habría una masa de dinero en circulación
suficiente para reducir en cientos de miles las personas en paro. Y
para dejar de esquilmar a los pensionistas.
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