Con
respecto a la pasividad de Rajoy ante la catalufada del 9/11, ese
desafío a la ley en el que unos cuantos desaprensivos exteriorizaron
tranquilamente su odio al resto de españoles, Pablo Sebastián ha
escrito lo siguiente:
«Pero
puede que también, y este quizás podría ser el mejor argumento
para ese desistimiento constitucional, que en la Moncloa hubieran
llegado a la conclusión de que Artur Mas es un chollo, una
catástrofe política y el rey de la confusión, amén de un vago y
mal gobernante, que tiene abandonado el gobierno de Cataluña desde
el día primero de agosto. Y puede que, por todo ello los monclovitas
decidieran que había que evitar su ‘martirologio’ porque ello le
daría alguna consistencia a su proverbial vaciedad.»
Particularmente,
creo que es posible que en la Moncloa hayan pensado eso mismo y si no
es el argumento principal que maneja Rajoy, al menos sí que puede
ser uno
de los secundarios.
Pero
ese argumento tampoco sirve, porque
la única opción que tiene un dirigente político es cumplir la ley
y hacerla cumplir. Todos los políticos lo han jurado o prometido,
también aquellos malos catalanes (catalufos) que participaron en la
fechoría.
El
gobierno no debe consentir que los catalanes respetuosos con las
leyes, sea cual sea su ideología, queden
desamparados ante la chulería, prepotencia, malos modos, insultos y
amenazas de los antidemócratas. Esos
que dicen que democracia es lo que no es, que interpretan las cosas a
su gusto y que mienten más que hablan.
Las
cosas tampoco quedan ahí, porque el desleal gobierno catalán
derrocha el dinero de los contribuyentes en
fomentar o permitir que se fomente el boicot a los productos del
resto de España, en
subvencionar entidades de otras comunidades autónomas con fines
imperialistas, y
no se sabe cuanto costaron esas
delictivas votaciones que
fueron seguidas con aprensión por los demócratas. Puesto
que Mas se autoinculpó justo sería que se le obligara a pagarlo de
su bolsillo.
