Es una burla a los ciudadanos. Si hay gente sin hogar, no es culpa ni responsabilidad de los particulares, que ya pagan todos los impuestos que les exige el Estado.
Otra cosa que no saben estos dirigentes tan necios que sufrimos, ni los necios que los votan, es que mientras haya gente con necesidades perentorias los políticos, moralmente, no tienen ningún derecho al lujo pagado con dinero público.
Todas las ocupaciones son, moralmente, ilegales y los propietarios de las viviendas deberían poder recuperar sus propiedades inmediatamente y el Estado debería hacerse cargo de los desperfectos causados, para cobrárselos luego, mediante trabajos forzados en la cárcel, o como fuera, a quienes los hubieran hecho.
La ocupación es una actividad criminal para la economía de cualquier nación y debería ser perseguida y castigada severamente. El artículo 47 de la Constitución quien obliga es al gobierno. El actual, en lugar de habilitar políticas que favorezcan la construcción y haber emprendido él mismo la de viviendas sociales, ha embarrado el campo favoreciendo la ocupación, dificultando el alquiler, catalogando como especuladores a los propietarios, etcétera.
Todo el mundo tiene derecho a gastar o invertir el dinero que ha ganado honradamente como guste. Puede invertir en arte, muebles viejos, joyas, tierras, oro, acciones del mercado variable, de renta fija, inmuebles, tierras, etcétera. Y catalogar, con mala intención, como especulador a quien no infringe ninguna ley, descalifica a quien lo hace.
A un gobierno se le elige para que mejore, o por lo menos intente hacerlo, la vida de los ciudadanos. Sin embargo, el actual aprovecha las carencias intelectuales y financieras de parte de la población, y también el sectarismo de bastantes, para enredar y confundir.
De momento, ha hecho una ley con la que pretende hacer creer que combatirá la ocupación, pero, ¡0jo!, solo parte de ella, y habrá que ver cómo se aplica.
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