Rodrigo Rato no tiene piedad

El título es duro, muy duro; pero todo apunta a que responde a la realidad. Rodrigo Rato, tras su fuga del FMI, cuyos motivos a estas alturas ya no es probable que los desvele, y tras buscar algunas apetitosas colocaciones, ha ido a parar a la presidencia de Bankia, el banco resultante del descalabro de algunas cajas.

Ha llegado a la presidencia de Bankia y parece ser que se ha llevado alguna sorpresa que otra, lo que también demuestra que no comenzó las cosas con la debida seriedad, dado que en aquel momento dio por ciertas, alegremente, cosas que no lo eran.

El problema no es que fue engañado, sino que al sentirse como tal quiso desprenderse de la colaboración de quien considera responsable del engaño, que no es otro que José Luis Olivas, y para ello dejó caer, por decirlo de algún modo, al Banco de Valencia, sin tener en cuenta los perjuicios que podía causar a sus trabajadores y accionistas.

Da la impresión de que Rodrigo Rato sólo piensa en sí mismo y en sus intereses, y da la casualidad de que es conocido como político y a los políticos se les supone vocación de servicio a los demás. A la vista de esta revelación, mejor sería que no volviera a la política.

Con respecto a los avatares banqueros, no hay nada nuevo. En España no parece posible tener seguridades de nada. Uno puede confiar todo lo que quiera en los organismos supervisores, en el Banco de España, en el ministerio de Hacienda, en la CNMV, o en las Loterías del Estado, porque al final siempre viene a ocurrir lo mismo. En el caso de Banca Catalana, por ejemplo, en donde tantos vieron desaparecer sus ahorros. Tampoco encontraron amparo en ninguna parte quienes los tenían invertidos en el Banesto. Cada vez que ocurre una cosa de estas, como ahora en el Banco de Valencia, queda de manifiesto la indefensión de los pequeños accionistas. Para Rodrigo Rato, este banco no es más que un peso que se ha quitado de encima. Y con su petición de que haya un banco malo puede que busque que los contribuyentes le quitemos otro peso todavía más grande. La solución ideal podría ser que Rajoy lo mandara de embajador a Australia.

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Rajoy ganó el debate

Según el diario El País, Rajoy ganó el debate, aunque sólo por tres puntos de diferencia. Recalca El País que es la primera vez que sucede tal circunstancia, puesto que hasta el momento siempre había ganado Zapatero por holgada diferencia.

Pero Rajoy no hizo nada para ganar el debate. Probablemente, esa petición suya de que se adelanten las elecciones no tenía otra intención que la de dar a entender que no teme hacerse cargo de la situación, pero eso ya se sabe, puesto que tampoco se inmuta ante la situación que vive su propio partido, el PP. A la vista de su modo de actuar los ciudadanos quizá piensan que si accede a la presidencia del gobierno hará de Don Tancredo, de ahí la tan baja valoración que obtiene, aunque superior en estos momentos a la de Zapatero.

Quien sí que sacó las garras fue Duran Lleida, que dejó en el armario sus anteriores y melifluos disfraces. Como los tiburones, no pudo resistir el olor de la sangre y allá que se lanzó. Puede que unos cuantos catalanes le aplaudieran. Puede que haya aumentado la intención de voto para su partido. Pero es dudoso que su discurso pase a los anales de la historia por su rigor analítico, por los fundamentos de su discurso, o por su visión de Estado. No está tan claro que a Duran Lleida le favorezca este discurso. En adelante será muy difícil tomarlo en consideración.

El Estado de las Autonomías está, probablemente, muy bien concebido, pero es seguro que está pésimamente desarrollado, de modo que estaba llamado a ser un gran invento llamado a resolver un problema previo, lo que ha hecho ha sido magnificarlo y multiplicarlo. El sistema político español, en general, no da más de sí. Quizá por eso ya nadie cree que Rajoy sea capaz de resolver el maremágnum que ha creado Zapatero. Ni Rajoy ni nadie. No hay que adelantar las elecciones. Lo que debería hacer el PSOE es mandar a Zapatero lejos, a Australia, por ejemplo, y pactar con el PP la reforma de la Constitución, para que España sea realmente un país democrático y no una dictadura de los partidos.

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