Hay
una señora, que se llama Praxe Maxia, acampada en la plaza de la
Virgen de Valencia. Cualquier persona cuya circunstancia fuera
similar, lo entendería y se solidarizaría con ella, incluso el
ministro Gallardón. Pero como no es el caso, el ministro se limita a
hacer como que hace y así va pasando el tiempo.
Dice
Praxe Maxia que le han puesto dos multas y que han cortado el agua de
las dos fuentes más próximas. En Valencia, en donde tantas cosas se
permiten.
Lo
que pide es razonable. Quiere saber qué ocurrió con su hija, puesto
que le dijeron que murió al nacer, pero no le dieron el cadáver
para que lo enterrara. Ni siquiera se lo enseñaron. Sospecha, y con
fundamento, que pudieron haber vendido a su hija a unos padres
adoptivos.
UPyD
sí que entiende la angustia de los ciudadanos afectados, porque son
muchos, no es sólo Praxe Maxia.
Recibí
mucha información de los niños robados a través de la familia
Luque Delgado, que
busca a uno de sus miembros, porque también tiene motivos sobrados
para pensar que les fue arrebatado.
Organizamos
tiempo atrás una reunión en la cafetería Via Florencia, de
Valencia, a la que vino Sol Luque Delgado desde Madrid, e hizo un
discurso brillante. Yo dije que la Sociedad tiene una deuda con
ellos, puesto que en su momento no fue capaz de cuidar bien a sus
niños al permitir que fueran robados. No uno, dos o tres, sino
cientos, o tal vez miles. Por tanto, ahora tiene la obligación de
ayudarles a despejar todas sus dudas. Esto no lo entiende Gallardón,
porque no pone los medios.
UPyD
demuestra tener más sentido de la justicia. Ha pedido que todos los
familiares de los niños robados sean reconocidos jurídicamente como
víctimas. Y ha pedido también que en todas las CCAA haya una
oficina de atención al robo de bebés y búsqueda de orígenes.
