Es significativo que quienes corean el eslogan «¡queremos una sanidad pública y de calidad!» voten a quienes se la van a cargar.
Aparte de que la intencionalidad de esos seres que actúan como un ejército disciplinado que intenta sabotear la labor de quienes han señalado como enemigos no es defender la sanidad pública, sino demostrar quiénes son los que mandan aquí.
Este gobierno que cree que todo lo arregla con publicidad, puesto que presume de política social, mientras hace que los pobres sean cada vez más pobres. La deuda pública española está alcanzando unos niveles absolutamente peligrosos, pero lejos de intentar reducirla, se incrementa considerablemente, mientras las dos responsables de que esto ocurra, Calviño y Montero, que lo hacen siguiendo las instrucciones de Sánchez, al que obedecen ciegamente, presumen de gestión, para engañar a quienes quieren ser engañados. Porque si creen realmente que su labor ha sido tan buena como dicen es que son retrasadas mentales.
Los recortes dolorosos han de llegar por fuerza, y eso si no llega antes la intervención de la UE, como hizo antes con Grecia. La única posibilidad de que los recortes que hay que hacer para salvar la sanidad pública y las pensiones no sean tan duros consiste en suprimir todas las Autonomías, cerrar todas las televisiones regionales, o venderlas si hay compradores, y eliminar todos los organismos e instituciones duplicados. O sea, reducir el Estado hasta lo imprescindible para que funcione y podría ser que ni con eso hubiera suficiente dinero para mantener el estado del bienestar.
No se ve a nadie en la política española capaz de llevar a cabo esas medidas tan drásticas, sino que más bien parecen decididos a aplazar la solución, a dejársela al que venga detrás, hasta que llegue el momento en que no haya más remedio que hacerlo.
Por supuesto que cuanto más dure Sánchez mayor será el despropósito que habrá que corregir.
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