Al final de 2023 la deuda valenciana ascendía a 57 993 millones de euros, solo por detrás de Cataluña, aunque en relación con su riqueza es la primera, al ser del 42,2%.
Nótese lo nefasto que el catalanismo también en términos económicos puesto que necesita imperiosamente derrochar el dinero para imponer sus dogmas.
Lo curioso es que el actual gobierno valenciano le echa en cara al anterior el desorbitado gasto, pero luego compadece las espaldas de quienes se ven obligados a correr con los gastos, o sea, quienes pagan los impuestos.
Lo correcto sería que las aliviara de esa carga en la medida de lo posible, que algo se puede hacer, pero no tienen la valentía de Ayuso, que planta cara a las hordas -las llamo así porque no dicen ni una sola verdad cuando la atacan, que es a diario-, sino que el temor a la maquinaria catalanista se impone.
Fabra, el anterior presidente del PP, cerró la televisión, porque cuesta muy cara. Puig la volvió a abrir para fomentar, en vano, el uso del brebaje compuesto por el hispanófobo Pompeyo Fabra. Mazón debería cerrarla de nuevo, o vendérsela a quien la quiera comprar, si hay alguien. Sale muy cara y moralmente hay muchas prioridades antes que mantener eso. Pero es que también se puede reducir al mínimo el dinero que por culpa de Camps hay que darle a la maldita AVL, y se pueden cerrar el CVC, el CCJ, el Síndico de Agravios, y en general todos esos organismos o instituciones que se usan para colocar amiguetes y que no sirven para nada más. Es una vergüenza ver a un trabajador -hay decenas de miles así- que suda sangre para pagar lo que le exige la Agencia Tributaria, y que luego ese dinero se gaste en pagar a altos sueldos a los estómagos agradecidos.
La Administración Valenciana puede reducirse mucho y es lo que se debería hacer.
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