Los que hacen del gamberrismo su
profesión alegan que anunciar la pena que puede corresponder por
vulnerar la legislación en el anunciado butifarréndum catalán es
la estrategia del miedo. Ese argumento es propio de niñatos
malcriados.
Todos los países del mundo tienen sus
propias leyes, sus propios policías y su propio sistema sancionador.
Los mismos promotores de ese disparatado
butifarréndum, los degenerados Puigdemont y Junqueras, imponen unas
no menos disparatadas multas a quienes incumplen sus disparatadas,
aunque legales, normas. Esta pareja de malos cómicos, cuya
contemplación de sus imágenes provoca tanta risa, y no porque sean
graciosos, incita a los demás a incumplir las leyes, sin tener en
cuenta, o quizá sí, que hay muchos locos sueltos que pueden dar
lugar a una desgracia. Si es esto lo que pretenden es que son peores
de lo que se les supone.
Está muy bien que se avise de la cuantía
de la multa a que se arriesgan, pero mejor sería que el peso de la
ley fuera cayendo sobre quienes incurren en culpa. En el par citado
anteriormente, por ejemplo.
El hecho de que alguien quede impune es
radicalmente injusto, porque de ello resulta un agravio comparativo
con quienes sí sufren los rigores de la justicia, pero, sobre todo,
porque lesiona los intereses de quienes sí cumplen las leyes.
Esos levantiscos alcaldes que acudieron
al acto al que se les convocó, y que a lo mejor no eran ni 250,
porque aunque se anunciaron 500 asistentes, la mitad o más pudieron
ser concejales, son desleales, porque si están dispuestos a
incumplir alguna ley están dispuestos a incumplirlas todas, motivo
por el cual no merecen ser alcaldes.
Si sus votantes no fueran unos
descerebrados ya les habrían exigido que abandonen el cargo. No lo
han hecho y si deciden seguir hacia delante es necesario que sufran
las consecuencias.
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