Ofende
leer que la Seguridad Social le reclama 43 millones de euros a
Fremap, cantidad que supuestamente gastó la mutua de forma indebida
entre los años 2006 y 2011.
Ofende
porque en estos tiempos en que todo está informatizado y puede
saberse al instante la situación real de cada cosa, la
Administración haya tardado tanto tiempo en detectar el supuesto
fraude.
Y
es que son muchos casos ya en los que el dinero público, que según
cierta persona que disfrutó de una cartera ministerial, no es de
nadie.
El
dinero público, que surge de los bolsillos de muchas personas, a las
que se les descuenta religiosamente de una nómina con la cual a
menudo no es posible cubrir ni las necesidades más perentorias,
luego puede ser usado para pagar mariscadas, viajes de placer,
conversaciones por el móvil y otras cosas que no escribo, pero que
todo el mundo imagina.
Es
decir, al contribuyente común se le controla hasta el último
céntimo y en lo que se le conoce como tiempo real. Hay otros
contribuyentes sobre los cuales tampoco parece haber ningún control,
dado el altísimo índice de fraude a Hacienda. Al contribuyente
común se le controla todo y cualquier día Hacienda sabrá hasta
cuantos litros de leche compra al mes y cuantos de vino.
Pero
si tenemos en cuenta que estamos a mitad de 2014 y ocurre que a
Fremap se le reclama dinero malgastado, supuestamente, en 2006, se ve
claramente que han pasado muchos años. Sólo falta que sea verdad lo
del malgasto y que, encima, haya prescrito el delito.
¿Quién
se encarga en la Seguridad Social? ¿Quién se encarga en el
ministerio de Hacienda? ¿Quién se encarga en el gobierno de que
estas cosas no puedan ocurrir?
La
Administración española es, posiblemente, la más cara del mundo en
relación con el número de habitantes. Pero no da para controlar
todo lo que debía estar bajo su control.
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