El
gobierno valenciano ha pedido al ministerio de Hacienda 1000 millones
de euros para poder cumplir con el objetivo del déficit.
Al
margen de que el Estado de las Autonomías, que era en principio una
buena idea, se hizo mal y que como consecuencia es muy difícil hacer
un reparto justo de fondos, y puede que ni siquiera haya voluntad de
hacerlo así, y teniendo en cuenta además que el Reino de Valencia
puede que sea el gran perjudicado en este reparto, cabe reprocharle
algunas cosas al gobierno valenciano. Y también a la oposición, por
inoperante.
El
ministro Montoro pidió a las Comunidades Autónomas que suprimieran
a los defensores del pueblo autonómicos y el gobierno valenciano,
junto con otros ocho, se ha negado.
¿Cómo
puede pedir mil millones un gobierno que sigue gastando dinero
innecesariamente? Pero es no sólo debería suprimir al defensor del
pueblo valenciano, es que también debería hacer lo mismo con el
Consejo Jurídico Consultivo, con la fenicia Academia Valenciana de
la Lengua, y con toda esa serie de instituciones y organismos que
sólo sirven para colocar a los afines o para apaciguar a unos
cuantos.
Todo
ese dinero que se gasta en vano es dinero que se quita a los más
indefensos. Quienes cobran esas nóminas deberían pensar en ello.
Pero
Montoro tampoco debería gritar mucho. Debería haber exigido desde
hace mucho la supresión de las diputaciones y la fusión de todos
aquellos municipios que están pegados unos a otros. Si cuatro
pueblos, o dos, están juntos, un solo ayuntamiento para todos
resulta mucho más racional y barato. Aducir razones sentimentales
para impedir esas fusiones y poder seguir esquilmando los bolsillos
de los ciudadanos no es serio.
La
Administración todavía puede ahorrar mucho dinero, pero no se le ve
ninguna intención de hacerlo, ni tampoco las Comunidades Autónomas
están dispuestas a dar facilidades en este aspecto.
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