La ministra de Hacienda, tan maleducada y descarada como cualquier otro componente del gobierno de Sánchez, quiere proponer quitas de deuda a las demás Comunidades Autónomas, para que se conformen con la barbaridad del favor hecho a los secesionistas catalanes (llamarlos independentistas es aceptar su lenguaje, siempre lleno de trampas y mentiras).
Lo correcto es tener siempre en cuenta la justicia y no el interés, porque cuando se opta por esto último se inicia el camino del fracaso. Lo que ha hecho Sánchez con Cataluña (me refiero a lo último) es radicalmente injusto, y una injusticia no se puede tapar con otras injusticias. Hay que decirles a los diputados socialistas, porque decírselo a Sánchez no sirve para nada, que son unos infames corruptos si aceptan esto. Deben exigirle a Sánchez que retire la medida, so pena de hacerlo caer. Hay que decírselo a ellos, para que sepan que son protagonistas, no unos meros cumplidores de órdenes.
La política española ha tomado una deriva en la que buena parte de los diputados y senadores se han acostumbrado a ir a remolque y no complicarse la vida, sino procurarse cuotas de bienestar, y justamente en estos momentos la situación es tan grave que exige la aparición del heroísmo. No puede ser que un narcisista patológico, sin escrúpulos ni miramientos con nada, esté llevando al país a la ruina, sin que se pueda evitar. Debería salir alguien capaz de frenarlo todo, alguien que pueda exigir y lo haga que un grupo de psiquiatras examine a Sánchez para ver si está en condiciones de presidir el país. Normalmente, ese grupo de psiquiatras, tras el examen, debería ordenar el ingreso inmediato de Sánchez en un psiquiátrico. Y a sus ministros y ministras sacarlos del gobierno.
La situación de España ahora mismo es para que se haga cargo una gestora que, además de las labores provisionales de gobierno, seleccione a 15 o 20 profesionales competentes para que elaboren una nueva Constitución que sustituya a la actual.
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