Es
tal el desconocimiento que veo en las redes del papel de las
asociaciones de víctimas que trataré de explicarlo en pocas
palabras. En principio, no deberían existir. Si el Estado hubiera
cumplido con su obligación desde el primer momento ni siquiera se
habrían constituido. Pero en los primeros tiempos algunas víctimas
se vieron obligadas a pedir limosna, tal fue la situación en que las
dejaron los atentados.
Gracias
a que se asociaron, la sociedad española tuvo que darse cuenta de
que está obligada con ellas, puesto que si los terroristas atentaron
contra ellas fue para aterrorizar a todos. El Estado tuvo que tomar
cartas en el asunto y tratar de paliar el daño que habían sufrido.
El caso es que al hacerse visibles las víctimas, unos políticos
trataron (y tratan) de usarlas en beneficio de su partido o de
deslegitimar a las que no se prestan a ello o no les convienen.
Pero
las víctimas, como víctimas, no deben participar en política; como
personas tienen los mismos derechos que los demás. Por tanto, las
víctimas que participan en política en su condición de víctimas
se deslegitiman solas. Y a las que sólo exigen sus derechos como
víctimas es imposible deslegitimarlas.
También
hay listillos que tratan de mezclar los conceptos. Exigir que no se
negocie con los etarras no es participar en política, al menos no en
el sentido que lo quieren dar a entender. Que el Estado negocie con
los etarras es una traición a todo el pueblo español y
especialmente a sus víctimas. Esa exigencia es una de las primeras
que tienen derecho a hacer las víctimas. El vergonzoso estado de la
cuestión en España obliga a que las víctimas aún tengan que hacer
más.
COVITE,
representada por Consuelo Ordóñez, Laura Martín y Concepción
Fernández, se personó en un acto etarra y entregó un documento con
los nombres de 400 víctimas cuyos atentados siguen sin resolver.
Sólo los partidos que han reconocido el enorme valor del gesto de
COVITE son dignos representantes del pueblo español.
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