En lo que puede considerarse como un brindis al sol, la defensora del pueblo interina, María Luisa Cava de Llano, ha solicitado, ante el Pleno del Congreso de los Diputados, que se incluya en el Código Penal y se tipifique como delito el despilfarro del dinero público.
Es un brindis al sol, y ella lo sabe, porque lo que pide es imposible en España. Todos, o casi todos los ayuntamientos están endeudados hasta mucho más allá de lo razonable. Todas las Comunidades Autónomas están endeudadas hasta más allá de lo razonable. España está endeudada hasta más allá de lo razonable.
Para tipificar como delito el despilfarro habría que establecer las prioridades del gasto público. Para Rita Barberá, la prioridad puede ser la Fórmula 1, o las flores del Puente de las Flores; para Carod Rovira, sus viajes alrededor del mundo y las embajadas catalanas, sobre todo aquéllas en las trabajan sus familiares; es decir, sería mucho más difícil que el más bonito de los sueños, lograr que la clase política española un orden de prioridades en el gasto público idóneo para los ciudadanos.
La única manera de conseguir esto pasa por conseguir un sistema plenamente democrático. Puesto que lo que tenemos es una dictadura de partidos, nuestros políticos se comportan como dictadores, y las prioridades que valen son las suyas; las de ellos y las de sus partidos.
La petición de Cava de Llano ha motivado algunas críticas. Quienes no tienen empacho en fomentar la hispanofobia y suelen referirse al españolismo rancio, han dicho que el Defensor del Pueblo representa a la catalonofobia. Es decir, tenemos una clase política acostumbrada a enredar y a tergiversar. Esto es así porque en el Parlamento no se debate, puesto que cada uno de los diputados ya sabe de antemano lo que ha de votar. Puesto que los votos están decididos de antemano, no hay ninguna necesidad de convencer a nadie para que vote esto o aquello. Nuestra democracia no puede dar otra cosa de sí. Los cambios deberían ser profundos.
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