jueves, 30 de abril de 2015

Catalá quiere asustar a los periodistas

Es difícil encontrar un español que sea demócrata. Siglos de absolutismos y dictaduras han forjado el carácter imperativo que caracteriza a los habitantes de esta tierra.
Cabría pensar que esto no ocurriría entre las personas de mayor nivel intelectual o entre quienes desempeñan ciertas funciones muy relacionadas con la democracia, pero no es así. Hay jueces que se comportan de forma despótica con sus subordinados, lo cual es el colmo de un juez, y políticos que no se atreven a discrepar de sus superiores y que no toleran que quienes están a su cargo les hagan la mínima objeción.
De modo que no resulta sorprendente que Catalá amenace a los periodistas. Lo que ocurre es que el hombre queda un poco en ridículo, cosa que tampoco resulta nueva entre nuestra clase política. Son ellos los que filtran documentos, políticos y jueces, y la obligación de un periodista es contar lo que sabe. El único modo de impedir que se filtren documentos consiste en desenterrar a Montesquieu y establecer la separación efectiva de poderes. Así los filtradores dejarían de tener fe en la impunidad.
Cuando se filtraron documentos que, antes de su boda, daban cuenta de las deudas de Urdangarín con el ayuntamiento de Barcelona, no hubo dificultades para encontrar el ordenador desde el que había salido la información. No había ninguna prueba de que quien tenía ese aparato a su cargo fuera el que difundió los datos, pero fue castigado.
Habría sido más fácil todavía descubrir al que filtró los datos de las cuentas bancarias del juez Marino Barbero, pero ni siquiera se le buscó. Esta información era absolutamente confidencial. Nadie tenía por qué conocer sus dificultades para pagar la hipoteca. En cambio, la información de Urdangarín sí que afectaba a todos. Gracias a que se difundió, él pagó sus deudas. De este modo funcionan las cosas aquí.
Algún día se tendrán que dar cuenta los españoles de que conviene votar a políticos serios.

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