Se nos dijo que las entidades financieras eran privadas y que, por tanto, no se debía interferir en sus actuaciones. Sus directivos se ponían los sueldos e incentivos que les daba la gana y el Banco de España daba el visto bueno, o hacía la vista gorda.
Y luego resulta que no era así; o sea, que no eran tan privadas, puesto que ha habido que intervenirlas, es decir, dedicar dinero de los impuestos a solucionarles la papeleta. Y cuando se les pide que hagan público el sueldo de sus directivos se acogen a la ley de protección de datos.
Da la impresión de que en España el único que no está protegido es el contribuyente. Se utiliza su dinero para solucionar los desmanes causados por unos directivos irresponsables, que en el colmo de la irresponsabilidad siguen subiéndose el sueldo, como si no tuvieran culpa de nada.
Y ahora nos preguntamos los ciudadanos ¿y por qué no están en la cárcel?
El problema, o uno de ellos es ese. En España es muy difícil que un rico vaya a la cárcel. Ni siquiera estaba previsto en las leyes encarcelar a quienes cometieran esos desaguisados. Hay mucha gente que ha ido a la ruina, y más que irá todavía, según las noticias que se van dando, y nadie se siente culpable, ni tampoco se piden responsabilidades nadie.
Parece mentira que, por todo castigo, se piense en publicar los sueldos de esas entidades intervenidas y los afectados encuentren un resquicio legal para oponerse. ¿Y qué pasaría si se publicaran? Pues nada. ¿O es no es de común dominio el salario del Indultado?
Queda mucho por hacer en España y sobre todo profundizar en la democracia. Va siendo hora de que se considere al ciudadano común como una persona con derechos y no sólo como los “paganos” de los desmanes de los poderosos.
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