Artículo 47
Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.
Los intentos para abaratar la vivienda y ponerla al alcance de todos los bolsillos, vienen fracasando. No hace más que subir y el único modo en que muchos pueden acceder a ella consiste en alargar exageradamente el plazo para pagarla y destinar gran parte de los ingresos familiares a este menester. Se han estudiado ampliamente los motivos por los que el precio de la vivienda ha subido tan desmesuradamente. No se atina con la solución para frenar esta escalada, aunque parece que ésta está llegando de la mano de la subida de los tipos de interés y quizá por la saturación del mercado, sin que se puedan descartar del todo otras causas, como puede ser la publicidad negativa. El mundo de la vivienda está lleno de posibilidades y hay mucha gente dispuesta a no dejar pasar ninguna. Quizá por ello resulte tan difícil dar con las medidas adecuadas. La constitución de cooperativas, teóricamente, parecía una buena solución, pues con ello los compradores podían ahorrarse los márgenes de los intermediarios. Pero la práctica vino a demostrar que resulta francamente difícil poner de acuerdo a x personas en la gran cantidad de asuntos que tienen que ver con la construcción de un edificio. Queda otra posibilidad y consistiría en que el propio Ministerio construyera los pisos. Para evitar suspicacias con las comisiones, podría dar cabida en el control de esa actividad a todos los partidos legales. Para encargar las obras a los constructores se podría proceder por sorteo entre quienes hubiesen presentado las solicitudes, una obra por cada constructor. Así no se verían tentados a pagar comisiones para que se las dieran. Los pisos se podrían vender con un diez por ciento de margen sobre el precio total que hubieran costado de hacer. Esos beneficios se destinarían a la construcción de viviendas de alquiler para quienes no pudieran acceder a la propiedad.
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