No creo que pueda afirmarse que hay democracia plena en donde la justicia no es independiente. Y esto es lo da la impresión de que ocurre en España. Puede que haya muchos jueces independientes; jueces que no toleran injerencias y que dictan sus sentencias con plena autonomía. Pero la opinión pública puede pensar lo contrario a la vista de lo politizada la justicia en sus capas más altas.
El caso Rumasa le quitó el crédito con el que pudo comenzar la democracia y a partir de entonces ha ido en declive. Los políticos son los primeros en quejarse cuando creen que un juez ha dictado una sentencia atendiendo a los designios del partido al que está adscrito. Pero cuando se trata de renovar los cargos, los partidos se cuidan mucho de elegir a los más fieles, a los más dados a seguir sus instrucciones.
Después de dos años, los dos grandes partidos se han repartido el Consejo General del Poder Judicial, y el PNV y CiU tendrán un representante cada uno. La cuestión va a seguir más o menos igual. Cualquier decisión que tomen despertará sospechas de partidismo. Con el añadido de que jueces de la órbita del PNV y de CiU pueden decidir sobre asuntos que afecten a la Comunidad Valenciana o a Andalucía. Esto es algo que carece por completo de sentido.
Hubiera sido mucho mejor que se desligara por completo a la justicia de la política. No se puede esperar que la justicia sea perfecta y sin fallos, puesto que esto es imposible. Pero sí que generaría muchas menos sospechas y la nación ganaría en calidad democrática.
No resulta muy alentador tener la sospecha un día sí y otro también de que este o aquel juez toma determinada iniciativa o emite su sentencia, pensando en que con ello lograrán los respaldos políticos que necesitan para progresar en sus carreras. Sería mucho mejor saber que los jueces actúan libremente y que si se equivocan o acometen algo que no debieran es porque los seres humanos cometemos errores.
El caso Rumasa le quitó el crédito con el que pudo comenzar la democracia y a partir de entonces ha ido en declive. Los políticos son los primeros en quejarse cuando creen que un juez ha dictado una sentencia atendiendo a los designios del partido al que está adscrito. Pero cuando se trata de renovar los cargos, los partidos se cuidan mucho de elegir a los más fieles, a los más dados a seguir sus instrucciones.
Después de dos años, los dos grandes partidos se han repartido el Consejo General del Poder Judicial, y el PNV y CiU tendrán un representante cada uno. La cuestión va a seguir más o menos igual. Cualquier decisión que tomen despertará sospechas de partidismo. Con el añadido de que jueces de la órbita del PNV y de CiU pueden decidir sobre asuntos que afecten a la Comunidad Valenciana o a Andalucía. Esto es algo que carece por completo de sentido.
Hubiera sido mucho mejor que se desligara por completo a la justicia de la política. No se puede esperar que la justicia sea perfecta y sin fallos, puesto que esto es imposible. Pero sí que generaría muchas menos sospechas y la nación ganaría en calidad democrática.
No resulta muy alentador tener la sospecha un día sí y otro también de que este o aquel juez toma determinada iniciativa o emite su sentencia, pensando en que con ello lograrán los respaldos políticos que necesitan para progresar en sus carreras. Sería mucho mejor saber que los jueces actúan libremente y que si se equivocan o acometen algo que no debieran es porque los seres humanos cometemos errores.
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