Un individuo estaba en huelga de hambre. O eso se decía. El individuo se permitía el lujo de montar numeritos, como el de arrancarse la sonda. También apareció una indignante entrevista, con foto incluida, en un medio británico. La huelga tenía como justificación la, según él, situación injusta que padecía. La situación injusta consiste en que habiendo cumplido ya 18 años de condena por haber matado a 25 personas, considera que ya ha pagado suficiente. La autoría de los asesinatos es incuestionable, como el hecho de que si lo hubieran atrapado antes hubiera matado a menos y la presunción de que si lo hubieran cazado después el número de sus víctimas sería mayor. Por otra parte, el sujeto, ya en la cárcel, no disimulaba su contento cada vez que alguno de sus sanguinarios camaradas cometía un atentado. A un ciudadano cabal no le cabe ninguna duda de que en algo fallan las leyes cuando tal cantidad de atrocidades se salda tan fácilmente. Pero al mismo ciudadano cabal tampoco le interesa que se retuerzan las leyes con el fin de subsanar un defecto suyo. Lo que desea el ciudadano cabal es que primero se cumpla la ley y luego se la mejore. Es decir, el fulano de marras no podía quejarse de lo injusto de su situación, porque lo injusto es que sólo haya cumplido 18 años. Los otros 3 que motivaron su huelga tampoco pueden discutirse. El hecho de que haya forzado la situación, de que haya tenido tanta cobertura mediática y que haya conseguido vencer en su empeño, se debe a una conjunción de factores, ninguno de los cuales debió existir. Uno de esos factores se debe al obispo Uriarte, que medió ante el gobierno, para que flexibilizara el régimen penitenciario del recluso y medió ante el entorno del asesino. Olvidó monseñor que su papel ante el etarra debió consistir en ayudarle a tomar conciencia de su maldad y exhortarle a que se arrepintiera. Tampoco tuvo en cuenta que su acción supone un agravio para las víctimas de ETA, por lo cual pecó doblemente. Y tampoco recordó la obligatoriedad del cumplimiento de la ley.
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