Según he podido leer en El país, una periodista de Telecinco pudo grabar con una cámara oculta los malos tratos que el personal de una guardería infantil infligía a los niños que tenía en custodia. Lo que más me llama la atención de este asunto es la respuesta que dio la inspección educativa: "Hay determinadas prácticas que son muy difíciles de comprobar. Se trata de una situación muy desagradable". Es similar a la que recibió un trabajador de un inspector de trabajo: “Es que lo que usted dice es imposible de probar”. En el primer caso, han tardado dos meses en actuar y ello es así porque Telecinco ya le ha cedido las imágenes. Terrible es pensar lo que hubiera sucedido si el canal de televisión hubiera actuado de otro modo. Y más terrible todavía resulta imaginarse la situación si la periodista no se las hubiera ingeniado para grabar las imágenes. En el caso del trabajador, la inspección de trabajo no ha hecho nada. Lo que se desprende de estos modos de proceder es que en ambos casos la inspección se desentiende de todo aquello que no pueda probar, de modo que las guarderías pueden maltratar a los niños y los empresarios a los trabajadores, siempre que empleen métodos “imposibles” de probar. Pero si la obligación del Estado y de las leyes es la de proteger a los débiles frente a los poderosos, es evidente que en ambos casos están haciendo dejación de funciones. La periodista supo encontrar el modo de probar algo y el Estado con muchos más medios no es capaz. Este caso ha ocurrido en la Comunidad Autónoma de Madrid, cuyo gobierno tiene las competencias transferidas. Pero no me extrañaría nada que repartidas por todo el territorio español hubiesen más casos similares. La defensa de los débiles sigue a cargo de Don Quijote. Nos podemos consolar pensando en que alguna vez alguien imaginó a un personaje capaz de encargarse de ella.
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