Las
farmacias valencianas están de huelga, puesto que llevan un retraso
intolerable en los cobros. La Generalidad no les paga desde hace
mucho y como consecuencia muchos farmacéuticos se han visto
obligados a arriesgar sus patrimonios personales para poder seguir
abriendo. La huelga consiste en que cada farmacia abre un día de
cada tres. Pero además de esto, hay otro problema más grave y es
que ya abundan las farmacias que no pueden reponer los medicamentos
que venden, porque no los pueden pagar. Los patrimonios de los
farmacéuticos también son finitos. Ante esa tesitura, cuando se
presenta alguien con la receta de un medicamento del que se carece,
el personal de la farmacia remite al cliente a un hospital, que es lo
más razonable.
A
la Generalidad, que la culpable del caos, porque se ha gastado el
dinero en cosas que no debía y ahora no tiene para atender lo
fundamental, esta medida lógica no le parece bien. La solución que
propone el gobierno valenciano sonroja por la humillación que supone
para el contribuyente. Ellos, los gobernantes, pueden comer
mariscadas a costa del erario público, viajar en coche oficial,
hablar por el móvil, o jugar con la iPad que nos han obligado a
pagarles. Un contribuyente que necesite un medicamento de forma
imperiosa, según lo que pretende el gobierno valenciano, ha de
llamar a un número de teléfono todas las veces que haga falta hasta
que se lo cojan. Cuando lo consiga, le dirán en qué farmacia puede
encontrar el medicamento que necesita, y esa farmacia puede estar en
el lugar más alejado del que se encuentra.
Ese
es el respeto que tienen los políticos valencianos por quienes les
pagan el sueldo, y los caprichos.
No
cabe ninguna esperanza, es imposible que se avergüencen de haber
hecho eso. Como decía aquel torero, hay cosas que no pueden ser y
además son imposibles.
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