El
gobierno valenciano, dada la fiebre derrochadora del anterior, que
estaba comandado por Camps, se ve abocado a ahorrar. Y mediante el
decreto de farmacia pretende evitar el pago de 300 millones de euros.
Es decir, carga en las espaldas de los usuarios el ahorro.
Podría
eliminar el Consejo Jurídico Consultivo, que no sirve para nada y en
donde están refugiados el propio Camps y otros. Hay otros organismos
así, que resultan mucho menos indispensables que los medicamentos y
servicios que quitan a los contribuyentes.
Hay
jubilados que tratan de encontrar medicamentos alternativos más
baratos que los que han de tomar imperiosamente y que han sido
suprimidos de la Seguridad Social “porque no son necesarios”.
Claro que no son necesarios; para quien los ha quitado, no. Tengo
noticia de que han subido considerablemente de precio. Y sí que hay
dinero para pagarle su sueldo a Camps, que es el máximo responsable
de los derroches, en un organismo que sólo necesitan quienes viven
de él. Y como ese otros muchos organismos.
La
oposición alega que lo que pretende el decreto-ley convalidado por
las Cortes valencianas, con los únicos votos del PP, es recortar,
que se ha hecho sin diálogo y sin contar con nadie. Añado por mi
cuenta, que llamar ahorro a lo que no es otra cosa que escamotear
servicios y prestaciones a los usuarios es corromper el lenguaje y
engañar a la gente.
El
gobierno valenciano gasta ingentes cantidades de dinero en la Fórmula
1, en subvencionar clubes de fútbol y otras veleidades perfectamente
prescindibles.
Por
su parte, Alicia de Miguel ha dicho que la medida del gobierno
valenciano es valiente. No se ve dónde está el valor. Los
perjudicados están indefensos. Cabe recordar que fue removida de su
cargo de Consellera no por inepta, sino por zaplanista. Se conoce que
la religión permite estos comportamientos si quien los lleva a cabo
es presidente del Consell. Y ahora que no está Camps, de Miguel
pretende recuperar el terreno perdido.
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