Y no puede ser otra que la de Elena Negueroles, que ha hecho constar su discrepancia con el informe oficial que remitió el Consejo Valenciano de Cultura, al cual pertenece, a la Consejería de Cultura de la Generalidad Valenciana.
Algún partido debería plantear la conveniencia de que los miembros del citado Consejo fueran elegidos directamente por los ciudadanos y con ello nos evitaríamos que estuvieran al servicio de los políticos que les nombran, pero no les pagan.
Se empeña el Consejo Valenciano de Cultura en que el Gobierno Valenciano desacate la sentencia, que obliga a revertir el Teatro Romano de Sagunto, como en su día estuvo de acuerdo en que se incumpliera la ley.
Un Consejo de Cultura que desconoce lo importante que es el cumplimiento de la ley, no sirve de ningún modo a los ciudadanos para los que teóricamente trabaja. Si las leyes no se cumplen, ¿qué esperanza les queda a los humildes frente a los poderosos?
Elena Negueroles ha dicho que si en 1987 hubiera estado en el CVC hubiera votado en contra de la actuación en el Teatro Romano. Ahora se muestra favorable a cumplir la sentencia.
La Consejera de Cultura, displicentemente, dice que va a estudiar la sentencia para ver a qué obliga exactamente. Pese a ello, no ha sido destituida por ese Camps, capaz de comulgar de las manos del Papa con gran fervor y jurar el cargo ante su propia Biblia. ¿Tanta devoción no le impide burlarse de los ciudadanos?
El abogado, Juan Marco Molines, merece todos los parabienes y el homenaje de la Generalidad por haber defendido por sí solo y sin ayudas el cumplimiento de la ley. Los ciudadanos se lo debemos, puesto que la Generalidad ha incumplido sus obligaciones. La ley ha vuelto a estar en todo lo alto, gracias a Juan Marco Molines. No obstante, este encomiable abogado dice que Rambla, otro servidor público, ja, le aconsejó que abandonara el caso, puesto que ya no le interesa a nadie y le iba a dar poco prestigio. Esto retrata a Rambla.
Algún partido debería plantear la conveniencia de que los miembros del citado Consejo fueran elegidos directamente por los ciudadanos y con ello nos evitaríamos que estuvieran al servicio de los políticos que les nombran, pero no les pagan.
Se empeña el Consejo Valenciano de Cultura en que el Gobierno Valenciano desacate la sentencia, que obliga a revertir el Teatro Romano de Sagunto, como en su día estuvo de acuerdo en que se incumpliera la ley.
Un Consejo de Cultura que desconoce lo importante que es el cumplimiento de la ley, no sirve de ningún modo a los ciudadanos para los que teóricamente trabaja. Si las leyes no se cumplen, ¿qué esperanza les queda a los humildes frente a los poderosos?
Elena Negueroles ha dicho que si en 1987 hubiera estado en el CVC hubiera votado en contra de la actuación en el Teatro Romano. Ahora se muestra favorable a cumplir la sentencia.
La Consejera de Cultura, displicentemente, dice que va a estudiar la sentencia para ver a qué obliga exactamente. Pese a ello, no ha sido destituida por ese Camps, capaz de comulgar de las manos del Papa con gran fervor y jurar el cargo ante su propia Biblia. ¿Tanta devoción no le impide burlarse de los ciudadanos?
El abogado, Juan Marco Molines, merece todos los parabienes y el homenaje de la Generalidad por haber defendido por sí solo y sin ayudas el cumplimiento de la ley. Los ciudadanos se lo debemos, puesto que la Generalidad ha incumplido sus obligaciones. La ley ha vuelto a estar en todo lo alto, gracias a Juan Marco Molines. No obstante, este encomiable abogado dice que Rambla, otro servidor público, ja, le aconsejó que abandonara el caso, puesto que ya no le interesa a nadie y le iba a dar poco prestigio. Esto retrata a Rambla.
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