Días atrás se dio la noticia de que la Generalidad de Cataluña envió jabón y toallas a las empresas cuyo número de accidentes laborales es especialmente elevado. Lo que ocurre es que la finalidad de las empresas es ganar dinero. No obstante, no cabe ninguna duda de que los empresarios, por regla general, son personas con sentimientos y lamentan los accidentes. Pero no cabe descartar que a algunos les importe un bledo la salud de sus trabajadores. Para defendernos de ellos los ciudadanos contamos con los políticos, que son quienes dictan las leyes, y, en este caso, aquellas por las que se ha de regir el mercado laboral y los que las han de hacer cumplir.
Cuando se produce un accidente laboral, los ciudadanos deberíamos pedir responsabilidades a los políticos, nuestros representantes. La oposición debería pedir cuentas enseguida acerca de las veces que se ha presentado, sin previo aviso, un inspector laboral en la empresa afectada. También es cierto que muchos trabajadores son suicidas y no hay modo de hacerles entrar en razón. Los hay que beben, a pesar de que instantes después tendrán que subirse a un andamio y cosas peores.
Hay empresarios que sufren por ambos motivos, porque les duele que un trabajador suyo tenga un accidente y por las repercusiones que pueda tener para su empresa. Es posible que en este caso los sindicatos, por medio de sus afiliados pudieran hacer algo más. Pero a lo mejor, los sindicatos piensan que si se hacen los pesados tratando de disuadir a quienes ponen en peligro sus vidas, pueden perder afiliados.
Tampoco conviene olvidar que hay accidentes inevitables. Aunque se haga todo bien y se tomen todas las precauciones. Y esto es lo que pueden exigir los ciudadanos, que todo esté en orden, y a quien se lo han de exigir es a su gobierno. Y éste a las empresas.
De modo que el gesto de enviar toallas y jabón equivale a lavarse las manos. Es el gobierno catalán el que se lava las manos, puesto que su deber no consiste en lanzar indirectas a las empresas, sino obligarlas a cumplir la ley.
Cuando se produce un accidente laboral, los ciudadanos deberíamos pedir responsabilidades a los políticos, nuestros representantes. La oposición debería pedir cuentas enseguida acerca de las veces que se ha presentado, sin previo aviso, un inspector laboral en la empresa afectada. También es cierto que muchos trabajadores son suicidas y no hay modo de hacerles entrar en razón. Los hay que beben, a pesar de que instantes después tendrán que subirse a un andamio y cosas peores.
Hay empresarios que sufren por ambos motivos, porque les duele que un trabajador suyo tenga un accidente y por las repercusiones que pueda tener para su empresa. Es posible que en este caso los sindicatos, por medio de sus afiliados pudieran hacer algo más. Pero a lo mejor, los sindicatos piensan que si se hacen los pesados tratando de disuadir a quienes ponen en peligro sus vidas, pueden perder afiliados.
Tampoco conviene olvidar que hay accidentes inevitables. Aunque se haga todo bien y se tomen todas las precauciones. Y esto es lo que pueden exigir los ciudadanos, que todo esté en orden, y a quien se lo han de exigir es a su gobierno. Y éste a las empresas.
De modo que el gesto de enviar toallas y jabón equivale a lavarse las manos. Es el gobierno catalán el que se lava las manos, puesto que su deber no consiste en lanzar indirectas a las empresas, sino obligarlas a cumplir la ley.
2 comentarios:
Ya que me visitaste en mi blog, he querido también hacerlo yo en el tuyo.
El problema respecto a lo que dices en esta entrada no son, por lo general, los accidentes laborales que se producen en las grandes empresas, que están más controladas, sino en las pequeñas empresas que subcontratan y que éstas, a su vez, vuelven a subcontratar a otras, y así hasta el infinito. La mayoría de las que al final ejecutan el trabajo son diminutas empresas donde la regulación de las condiciones de trabajo no existe, la preparación de los trabajadores es mínima y la precariedad es la reina de la fiesta, y eso si es que no tienen a ilegales trabajando por una miseria. La construcción se lleva la palma, pero no es el único sector que funciona así: agricultura, transportes, obras públicas, mantenimiento, textil, etc.
Cuando se pretende aumentar los beneficios a costa de vulnerar los más mínimos derechos laborales, a eso yo le llamo inmoralidad. Y es verdad que en muchos casos los trabajadores no se protegen como debieran, pero el empresario está también para obligarlos.
Hay muchos que por un puñado de euros no le queda más remedio que jugarse la vida.
Un besote.
Para cuando la posibilidad de un control de alcoholemia o drogas al pie del puesto de trabajo tanto en funcionarios como trabajadores de la privada.
Eso no verdad, eso molestaría.Ja ja ja.Viva la doble moral.
Es mejor seguir con la patética retórica progre-victimista.
Todo es culpa de los "otros"
Es lo que se lleva. Así nos va.
Publicar un comentario