Eso
dice Gonzalo Moliner, actual presidente del CGPJ. Con ello se
pretende dar por cerrada una etapa, cosa que no debería ser.
La
campaña contra el anterior presidente, Carlos Dívar, se inició
presuntamente, porque no cedió a unas presiones que se le hicieron.
Resulta creíble este dato porque Dívar no hizo los viajes el día
anterior, sino que llevaba tiempo haciéndolos sin que nadie dijera
nada. Y esto era así por varios motivos; el primero de ellos es que
eran legales, aunque puedan tenerse por inmorales; y el segundo, y
más importante, es que los vocales del CGPJ gastaron 830 733 euros
en viajes en 2011, lo que significa que en promedio gastaron más que
Dívar, y eso también es inmoral.
Es
indecente que se establezca una cacería contra alguien al que
legalmente no se puede perseguir, porque la ley permite lo que hace.
Lo que procede es cambiar esa ley y todavía procede más cambiar las
cosas para que la justicia sea independiente.
Dar
por cerrado el caso Dívar de ese modo es como aceptar implícitamente
la culpa del anterior presidente, cosa que denota una falta absoluta
de compañerismo. Y más si se tiene en cuenta que ha quedado sin
explicar el gasto en viajes de los demás componentes del CGPJ. No es
justo que uno pague y los demás no. Es una buena paradoja que el
CGPJ no sea justo. Y también es una estampa de la actual situación
de España.
Para
que haya democracia un pobre debe sentirse capaz de derrotar a un
poderoso en los tribunales. Y para que esto pueda ocurrir, la
justicia debe ser totalmente independiente de cualquier otro poder,
incluido, por supuesto el político. Quienes mejor lo saben son los
jueces. Pero los componentes del CGPJ no van a reivindicar esa
libertad, porque han sido nombrados por los políticos.
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