Por lo visto, a nuestra clase política le asustan las alturas, de modo que prefiere el vuelo bajo e incluso rasante. Hay muchos motivos para pensar así, entre ellos la última insidia presidencial, consistente en difundir la especie de que el gobierno de Aznar hizo un barrido informático antes de abandonar la Moncloa, con el fin de ocultar las pruebas del paso de los aviones de la CIA camino de Guantánamo. Como no podía ser de otro modo, el diario El País ayuda al presidente del gobierno en este cometido.
Dicen que el gobierno socialista tuvo que pagar una factura de 12000 euros a la empresa informática encargada de realizar el citado barrido informático y este detalle ya revela que en dicho caso el gobierno saliente no puso ningún empeño en ocultar lo que había hecho. De la Vega, por su parte, y como acostumbra, siguió la senda trazada por su presidente – (…) es demasiado aburrido seguir y seguir la huella (…)- y añadió que hay certeza absoluta de que se han borrado documentos, pero no se sabe cuáles y ese es el motivo por el que no se ha emprendido ninguna acción.
Es impensable que el presidente de una empresa privada pueda borrar o hacer desaparecer documentos relativos a su gestión. Si lo hiciera probablemente iría a la cárcel. Y sin embargo se nos quiere hacer creer a los ciudadanos que un presidente de gobierno goza de impunidad. El supuesto es tenebroso. No cabe darle un calificativo más suave.
Tampoco parece que difundir semejante infundio pueda favorecer al actual gobierno, salvo a muy corto plazo y en el caso de que haya algo oculto por otro lado. Puesto que el asunto es grave, algo debería haber hecho para que no se pueda volver a producir. ¿O es que también ha estado borrando documentos? Porque si el gobierno puede borrar lo que se le antoje, este hecho se puede producir a toda hora y en todos los ministerios.
Dicen que el gobierno socialista tuvo que pagar una factura de 12000 euros a la empresa informática encargada de realizar el citado barrido informático y este detalle ya revela que en dicho caso el gobierno saliente no puso ningún empeño en ocultar lo que había hecho. De la Vega, por su parte, y como acostumbra, siguió la senda trazada por su presidente – (…) es demasiado aburrido seguir y seguir la huella (…)- y añadió que hay certeza absoluta de que se han borrado documentos, pero no se sabe cuáles y ese es el motivo por el que no se ha emprendido ninguna acción.
Es impensable que el presidente de una empresa privada pueda borrar o hacer desaparecer documentos relativos a su gestión. Si lo hiciera probablemente iría a la cárcel. Y sin embargo se nos quiere hacer creer a los ciudadanos que un presidente de gobierno goza de impunidad. El supuesto es tenebroso. No cabe darle un calificativo más suave.
Tampoco parece que difundir semejante infundio pueda favorecer al actual gobierno, salvo a muy corto plazo y en el caso de que haya algo oculto por otro lado. Puesto que el asunto es grave, algo debería haber hecho para que no se pueda volver a producir. ¿O es que también ha estado borrando documentos? Porque si el gobierno puede borrar lo que se le antoje, este hecho se puede producir a toda hora y en todos los ministerios.
No hay comentarios:
Publicar un comentario