El Tribunal Superior del País Vasco archivó la causa contra López, Ibarretxe, Otegi y otros, basándose en que no hay acusación de la Fiscalía. El País, que durante todo el tiempo se ha mostrado partidario de este final, ha omitido puntualizar que mal podía ejercer la Fiscalía la acusación dependiendo, como depende, del gobierno. Uno de los dos jueces que votaron a favor del archivo de la causa fue propuesto por el PNV, cuestión que tampoco ha parecido importarle al diario pro gubernamental. Está claro que cada uno entiende el servicio público como quiere y que si a este diario le parecía evidente que había que archivarse la causa, los detalles citados deben de haberle parecido menores.
La asociación Dignidad y Justicia y el Foro de Ermua han resultado ignorados y burlados una vez más. Y con ellos hemos sido escarnecidos los ciudadanos, porque de todos cuantos han intervenido en el proceso son quienes más han hecho por los ciudadanos y son los únicos que no cobran del erario público.
La cuestión de fondo es el funcionamiento de la justicia que, por lo visto, no interesa a los políticos que sea como debe. La justicia española ni es independiente ni tiene medios. En estas condiciones, nuestra democracia no es más que un simulacro, en el que todo el pescado está vendido.
La justicia está politizada y lo que le ocurrió a Marino Barbero viene como anillo al dedo para ilustrar lo que le puede ocurrir al juez que pretenda actuar de modo independiente. De modo que Ibarretxe se ha podido burlar, y cabe imaginar lo que habrá pensado Otegi, pidiendo que el juicio llegara hasta el final. Así, cualquiera.
En Valencia, los médicos disponen de ordenadores en los ambulatorios, motivo por el cual ahora tardan mucho más que antes, cuando dispensaban las recetas a mano. Los jueces, sin embargo, necesitándola más, no disponen de esta herramienta.
Nuestra orgullosa y engreída clase política, que trata a sus votantes como si fueran meros peones, podría imponerse la obligación de no contratar ni un solo asesor mientras la justicia no pudiera llamarse tal.
La asociación Dignidad y Justicia y el Foro de Ermua han resultado ignorados y burlados una vez más. Y con ellos hemos sido escarnecidos los ciudadanos, porque de todos cuantos han intervenido en el proceso son quienes más han hecho por los ciudadanos y son los únicos que no cobran del erario público.
La cuestión de fondo es el funcionamiento de la justicia que, por lo visto, no interesa a los políticos que sea como debe. La justicia española ni es independiente ni tiene medios. En estas condiciones, nuestra democracia no es más que un simulacro, en el que todo el pescado está vendido.
La justicia está politizada y lo que le ocurrió a Marino Barbero viene como anillo al dedo para ilustrar lo que le puede ocurrir al juez que pretenda actuar de modo independiente. De modo que Ibarretxe se ha podido burlar, y cabe imaginar lo que habrá pensado Otegi, pidiendo que el juicio llegara hasta el final. Así, cualquiera.
En Valencia, los médicos disponen de ordenadores en los ambulatorios, motivo por el cual ahora tardan mucho más que antes, cuando dispensaban las recetas a mano. Los jueces, sin embargo, necesitándola más, no disponen de esta herramienta.
Nuestra orgullosa y engreída clase política, que trata a sus votantes como si fueran meros peones, podría imponerse la obligación de no contratar ni un solo asesor mientras la justicia no pudiera llamarse tal.
No hay comentarios:
Publicar un comentario