Los intelectuales, como es sabido, tienen la obligación moral de denunciar los abusos del poder y de proponer nuevos caminos o fórmulas, más eficientes o imaginativas. Pero el poder, si no inteligente, al menos es listo y cuenta con un arma que se viene revelando como muy eficaz y que no es otra que el manejo del presupuesto. De modo que tanto el gobierno español como los autonómicos tienen creados organismos, premios y sinecuras, con el objetivo de que los intelectuales no les creen problemas, cosa que consiguen. Por si fuera poco el temor reverencial que los españoles tienen a denunciar, dado la gran facilidad para crear listas negras de quienes tienen algún tipo de poder, faltaba que los intelectuales tampoco lo hicieran.
La Comunidad Valenciana no podía ser menos que otras y así su gobierno mientras humilla y margina a las que no le son útiles, como la RACV, paga generosos sueldos y subvenciones a otras, como la Academia Valenciana de la Lengua, o el Consejo Valenciano de Cultura y otras.
Los componentes de este CVC debieron protestar en su día, cuando se perpetró la ilegalidad contra el Teatro Romano de Sagunto. Hay que suponer que al menos algunos lo hubieran hecho, si no hubieran pertenecido al citado Consejo. La realidad es que, como miembros del citado CVC, apoyaron la barbaridad. Años después, gracias al tesón individual de Juan Marco Molines, ciudadano ejemplar y digno de reconocimiento público, los tribunales de justicia, después de un largo proceso en el que ha encadenado varias sentencias, todas a favor de devolver el Teatro Romano a su estado original, se ha llegado al final y ya no queda más opción que cumplir la sentencia. El propio Tribunal Supremo ha marcado un plazo. No obstante, el propio CVC, lejos de avergonzarse y disculparse de actitud primera y con la honrosa excepción de Elena Negueroles, se mostró contrario a cumplir la sentencia. No está de más recalcar que a esos miembros del CVC, les pagan los ciudadanos.
El propio gobierno valenciano, que sí que obliga a cumplir las leyes a los ciudadanos, ha creado una comisión interdisciplinar para que estudie el modo de no cumplir la sentencia. Dicen que lo han encontrado.
La Comunidad Valenciana no podía ser menos que otras y así su gobierno mientras humilla y margina a las que no le son útiles, como la RACV, paga generosos sueldos y subvenciones a otras, como la Academia Valenciana de la Lengua, o el Consejo Valenciano de Cultura y otras.
Los componentes de este CVC debieron protestar en su día, cuando se perpetró la ilegalidad contra el Teatro Romano de Sagunto. Hay que suponer que al menos algunos lo hubieran hecho, si no hubieran pertenecido al citado Consejo. La realidad es que, como miembros del citado CVC, apoyaron la barbaridad. Años después, gracias al tesón individual de Juan Marco Molines, ciudadano ejemplar y digno de reconocimiento público, los tribunales de justicia, después de un largo proceso en el que ha encadenado varias sentencias, todas a favor de devolver el Teatro Romano a su estado original, se ha llegado al final y ya no queda más opción que cumplir la sentencia. El propio Tribunal Supremo ha marcado un plazo. No obstante, el propio CVC, lejos de avergonzarse y disculparse de actitud primera y con la honrosa excepción de Elena Negueroles, se mostró contrario a cumplir la sentencia. No está de más recalcar que a esos miembros del CVC, les pagan los ciudadanos.
El propio gobierno valenciano, que sí que obliga a cumplir las leyes a los ciudadanos, ha creado una comisión interdisciplinar para que estudie el modo de no cumplir la sentencia. Dicen que lo han encontrado.
No hay comentarios:
Publicar un comentario