La primera obligación de los políticos es cumplir las leyes, puesto que sin éstas no hay democracia. Si los poderosos hacen lo que quieren, hay que hablar de dictadura. España es un país en el que proliferan los demócratas de boquilla, quizá sea por eso por lo que nos ha costado tanto conseguir regirnos mediante un sistema democrático. Podemos darnos con un canto en los dientes, puesto que los métodos dictatoriales siguen vigentes. Son nuestros políticos quienes, en lugar de dar ejemplo y arrastrar a las gentes hacia comportamientos democráticos, se empeñan en burlarlas, en sortearlas o pasar por encima de ellas directamente. Da igual que esos políticos comulguen de manos del Papa, componiendo un gesto grave y devoto, o que alternen con obispos y cardenales, eméritos o con mando en plaza, que juren el cargo con su propia biblia particular o que lo prometan con toda solemnidad. Cuando llega la hora de actuar, se transforman y pasan a ser poderosos sin más y sólo atienden a aquellas razones que convienen a su poder, en cuestiones idiomáticas o en las que sea.
El “Manifiesto por una lengua común”, firmado por una serie de intelectuales no sometidos por medio de una nómina, es de una lógica aplastante; pero no debería haber sido necesario recurrir a estos extremos. Si los gobernantes españoles, tanto los del gobierno central, de ahora y de antes, como los autonómicos, hubieran cumplido escrupulosamente la ley y hubieran velado por los intereses de los ciudadanos, no hubiera hecho falta dar este paso. Porque a quienes se perjudica en primer lugar es a los estudiantes a los que se les niega la enseñanza en castellano. Ningún idioma tiene la culpa de que unos u otros políticos tomen decisiones inadecuadas. Está muy bien que se fomente el uso de las lenguas, de todas, porque cada una de ellas representa un modo de mirar la vida. Pero cuando el fomento de una supone menoscabo para otra, se pervierte el sistema. El español es la lengua vehicular de todos los españoles, por tanto debe ser oficial y tratada como tal en todos los lugares de España.
El “Manifiesto por una lengua común”, firmado por una serie de intelectuales no sometidos por medio de una nómina, es de una lógica aplastante; pero no debería haber sido necesario recurrir a estos extremos. Si los gobernantes españoles, tanto los del gobierno central, de ahora y de antes, como los autonómicos, hubieran cumplido escrupulosamente la ley y hubieran velado por los intereses de los ciudadanos, no hubiera hecho falta dar este paso. Porque a quienes se perjudica en primer lugar es a los estudiantes a los que se les niega la enseñanza en castellano. Ningún idioma tiene la culpa de que unos u otros políticos tomen decisiones inadecuadas. Está muy bien que se fomente el uso de las lenguas, de todas, porque cada una de ellas representa un modo de mirar la vida. Pero cuando el fomento de una supone menoscabo para otra, se pervierte el sistema. El español es la lengua vehicular de todos los españoles, por tanto debe ser oficial y tratada como tal en todos los lugares de España.
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