Tras leer el en diario El País las cosas que dice que hacía Juana Gálvez, la funcionaria que ha sido castigada, cabe preguntarse los motivos por los que no se habían detectado antes estas irregularidades. Quedan otros interrogantes en el ambiente, como el que si es ella la única funcionaria de los juzgados que actúa de este modo o no se sabe cuál es el estado de la cuestión. Porque si de lo que se trata es de buscar un chivo expiatorio, la cuestión es muy fácil. Pero junto con el castigo a Juana Gálvez debería ir la dimisión del ministro.
Para que se pueda afirmar que existe democracia plena es indispensable que haya Justicia. Y para que ésta funciones ha de gozar, en primer lugar de una total independencia y, en segundo lugar, hay que dotarla de medios técnicos y personal suficiente, para que pueda funcionar con una razonable fluidez. No puede decirse que la justicia española cumpla ninguno de estos dos requisitos. Ni puede decirse que sea independiente, puesto que está muy politizada, ni goza de los medios que precisa. Por tanto, es posible que el error cometido en el caso Mari Luz no sea el último. Y si no se han producido más, cabe hablar de hecho milagroso.
Nuestros políticos nunca tienen la culpa de nada; por muy grandes que sean las barbaridades que cometen, no dimiten. Se deben a sus partidos, no a los ciudadanos; por tanto, mientras los partidos no dispongan otra cosa, siguen en sus cargos. Son muy diligentes para resolver sus asuntos y para procurarse todos los medios necesarios, pese a que lo único que tienen que hacer es apretar el botón que les dicen. Sin embargo, los jueces han de arreglarse con lo que haya para estudiar los casos que les llegan y dictar sentencia. Y, además, el personal que tienen es insuficiente y a lo mejor trabaja sin control. Habría que gastar menos dinero en la política y más en la justicia.
Para que se pueda afirmar que existe democracia plena es indispensable que haya Justicia. Y para que ésta funciones ha de gozar, en primer lugar de una total independencia y, en segundo lugar, hay que dotarla de medios técnicos y personal suficiente, para que pueda funcionar con una razonable fluidez. No puede decirse que la justicia española cumpla ninguno de estos dos requisitos. Ni puede decirse que sea independiente, puesto que está muy politizada, ni goza de los medios que precisa. Por tanto, es posible que el error cometido en el caso Mari Luz no sea el último. Y si no se han producido más, cabe hablar de hecho milagroso.
Nuestros políticos nunca tienen la culpa de nada; por muy grandes que sean las barbaridades que cometen, no dimiten. Se deben a sus partidos, no a los ciudadanos; por tanto, mientras los partidos no dispongan otra cosa, siguen en sus cargos. Son muy diligentes para resolver sus asuntos y para procurarse todos los medios necesarios, pese a que lo único que tienen que hacer es apretar el botón que les dicen. Sin embargo, los jueces han de arreglarse con lo que haya para estudiar los casos que les llegan y dictar sentencia. Y, además, el personal que tienen es insuficiente y a lo mejor trabaja sin control. Habría que gastar menos dinero en la política y más en la justicia.
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