El País se suma a la tomadura de pelo

Lo racional es que el impuesto lo paguen los bancos, afirma su conspicuo columnista, y luego lo remacha con el siguiente argumento «la garantía hipotecaria que se registra a la sombra del impuesto está entre el 130% y el 200%, según el banco».

Se puede decir de otro modo menos rimbombante. Digamos que ese impuesto en la inmensa mayoría de los casos oscila entre los 500 y los 2500 euros, para préstamos cuyo periodo de pago oscila entre los 20 y los 30 años. Con subir una décima el tipo de interés el banco ya se ha resarcido más que suficientemente de ese pago, cuyo destino final es ser malgastado por esa clase política tan ineficiente como la que tenemos en España, cuyo máximo representante es Sánchez, cuyo mayor afán consiste en desprestigiar a las instituciones, sin ir más lejos, con esa nueva ley, pero también con su misma presencia al frente del Ejecutivo.

Dicen que las Comunidades Autónomas no pueden prescindir de ese impuesto abusivo e innecesario, que es la madre de la cuestión. Pero la Comunidad Autónoma de Cataluña se ha gastado hasta el día de hoy 30 millones de euros en imponer el dialecto catalán en el Reino de Valencia, cuyos dirigentes actuales han gastado una cantidad mayor, con la misma finalidad reabriendo una televisión innecesaria, como todas las regionales. Esos gastos, y otros muchos, vienen a ser como tirar el dinero al mar. Dijo otra caradura, que también está en el gobierno de Sánchez, que el dinero público no es de nadie, obviando que la mayoría de la gente no lo gana con la misma facilidad que ella o los rufianes. A la mayoría de la gente le cuesta mucho de ganar y ya que no tiene más remedio que pagar los impuestos quisiera que éstos se gastaran de forma razonable, con lo cual, indudablemente, habría que pagar menos. Se podría suprimir, por ejemplo, ese impuesto que dicen ese y sus mariachis que van a pagar los bancos.

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Celaá y la censura previa

La ministra Celaá no tiene la culpa de que en su día se transfirieran las competencias de Educación a las Comunidades Autónomas, pero su afirmación de que vigilar lo que se dice en los libros de texto es censura previa sí que demuestra que posee una dureza facial notable.

El Estado tiene la obligación moral de velar por los más indefensos, y entre ellos están los niños. Atendiendo a esta obligación, cuando detecta que los padres no se comportan como deben les quita la tutela de sus hijos. Sin embargo, abandonó a los niños a su suerte cuando cedió las competencias de Educación a las Comunidades Autónomas, lo cual en algunos casos ha venido a ser como dejarlos en manos de indeseables, como ocurre palmariamente en el caso de Cataluña, en las Ikastolas, o en el Reino de Valencia, en donde se les obliga a malgastar tiempo y dinero en el estudio del dialecto catalán, que la mayoría olvidará en cuanto pase la fiebre nacionalista, que es una peste que, junto a otras, como el ‘pensamiento’ podemita, están haciendo estragos en el mundo.

Pero el gobierno al que pertenece Celaá no cabe duda de que intenta hacer todo el daño que pueda a los españoles: Atenta contra los ahorros de los trabajadores con el impuesto de sucesiones, que es un impuesto confiscatorio; ataca a los trabajadores al gravar el dinero que hayan podido ahorrar e invertido en cualquier sitio. No quiere que los trabajadores ahorren y les dejen algo en herencia a sus hijos. A los niños los convierte en analfabetos al darles una enseñanza engañosa. Lo que aprenden en muchos sitios o es mentira o no sirve para nada. También Borrell quiere perjudicar a los españoles reconociendo a Palestina, sin duda que para contentar a su amo, al que se lo debe de haber exigido el coletas, porque de otro modo no se entiende.

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