El caso es que los ayuntamientos, como es generalmente sabido, son en buena medida culpables de la burbuja inmobiliaria, que ha sido la desencadenante de la crisis en España. Su excusa fue que no disponían de suficientes recursos, por lo que se veían obligados a recurrir a la construcción. Basta con leer la estupenda novela Crematorio, de Rafael Chirbes, para comprender que el poder que tienen los ayuntamientos en materia urbanística es excesivo, puesto que un concejal de Urbanismo que ose enfrentarse a los constructores puede tener los días contados en el cargo. Y eso en el caso de que se suponga que dicho concejal es honrado.
Los partidos lo saben, el gobierno lo sabe, pero no se ha puesto solución y no cabe imaginar los motivos, o es mejor no hacerlo. Los ayuntamientos, por unas o por otras cosas, han promovido una orgía constructora en sus municipios y en lugar de ahorrar todo lo que pudiesen, como es preceptivo, se lanzaron a una orgía de gastos. Y ahora no pueden cubrir sus presupuestos. También es lógico, puesto que los concejales no saben cuánto tiempo van a durar en el cargo, por tanto, no les apetece ahorrar.
Pues ya tenemos a los ayuntamientos endeudados hasta las cejas y al gobierno, que no supo poner orden en su momento, dispuesto a mandarles dinero de los ciudadanos. Para que los concejales puedan cobrar. No consta que haya puesto condiciones. Ya se sabe que a grandes males, grandes remedios. Sería el momento de adelgazar las nóminas de los ayuntamientos, suprimiendo los asesores. También sería muy buena idea la de suprimir muchos ayuntamientos, dado que hay muchos pueblos que están pegados a otros. Las fusiones también son posibles entre los ayuntamientos.