Telefónica recorta plantilla

Se pongan como se pongan los santurrones del PSOE, ministros, ex ministros y demás gente del sector, encargados de defender a los trabajadores y que presumen de hacerlo, en España un trabajador no es nadie. Tampoco los sindicatos pueden alegar que lo hacen, puesto que viven de las subvenciones. Si al menos éstas se otorgaran por ley y se basaran en algunos baremos como el número de afiliados que estuvieran al corriente de las cuotas, se les podría suponer alguna libertad de actuación.

Los trabajadores no tienen la culpa de la crisis, pero se les ha cargado sobre sus espaldas. El despido es más fácil, han de trabajar durante más años para poderse jubilar, las listas de espera en la Seguridad Social son más largas y encima se les culpa de que la productividad sea baja, como si eso no tuviera más que ver con los sistemas de trabajo. Se decía que había que abaratar el despido para crear más puestos de trabajo, cosa que se viene diciendo desde hace mucho; la crisis ha proporcionado la excusa perfecta para hacerlo. Y desde que se ha hecho ha aumentado la destrucción de puestos de trabajo.

Telefónica también se dispone a recortar la plantilla. A la ministra Salgado le parece inoportuno ese plan. La ministra Salgado podría haber dicho algo más gordo, o contundente, pero en ese caso puede que no la hubieran colocado en un consejo de administración cuando deje la política. Así que se ha contentado con decir que le parece inoportuno. ¿Y el ministro de Trabajo que ha dicho? Pues ha amenazado a Telefónica con endurecer las prejubilaciones. Del dicho al hecho va un trecho, dice el refrán. Un trabajador, en España, tiene muchos motivos para no creerse nada, venga de donde venga. Cuando tengamos una democracia real, las cosas podrán mejorar algo.

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Los consejos de administración se suben el sueldo

Lo cuenta el diario ABC en la sección de Economía de su edición de hoy. La retribución media de los consejeros de las empresas cotizadas fue en 2009 un promedio del 8,3% por ciento más alta que la del año anterior. Añade la misma información que en Alemania no ocurrió lo mismo, sino que el porcentaje fue del 0,4% más bajo. Se deduce de todo esto que no es que el capitalismo no sirva, sino que precisa de medidas reguladoras, cosa que se hace más evidente al constatar que continúan los llamados blindajes.

Tenemos un gobierno que se dice de izquierdas, y para corroborarlo ha dado algunos pasos efectistas, como el de tratar de ganar una guerra 70 años después. Pero no ha sido capaz de controlar este desafuero. Un alto directivo puede tomar decisiones arriesgadas que pongan en peligro muchos de los empleos de la empresa que dirige sin temor a que el despedido sea él, puesto que se ha protegido con una cláusula de rescisión desorbitada. Y el gobierno lo consiente, como también consiente que directivos de empresas que han tenido que aligerar sus plantillas se suban el sueldo.

No hay que olvidar que aunque la crisis mundial influya en la española, ésta tiene unas características propias, derivadas del hecho de que la economía española se basara en el Urbanismo. Y resulta que la clase política, que no supo defender a los trabajadores, al prevenir lo que se les iba a caer encima, no es capaz de decir a esos empresarios que basta de aumentarse el sueldo y basta de proteger sus contratos. Estos empresarios exigen el despido libre y el abaratamiento de las pensiones, pero para ellos no. Es cierto que muchos particulares coadyuvaron al advenimiento de la crisis, al endeudarse más de lo prudente, pero no lo es menos que se les empujó insistentemente a que actuaran así. Los políticos y los empresarios recomendaban construir y comprar viviendas cuando los precios ya se habían desmadrado.

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'Leyendas de Bécquer contadas a los niños'
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'La aventura del cálculo'
'Chitón. Historia de una infancia'
'Diario de Amelia'
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La última, quizá, del pobre Corbacho

El todavía ministro de Trabajo e Inmigración, en la que puede ser su última actuación pública como tal, ha publicado una carta en El Periódico, titulada En defensa de la reforma laboral. Dado que el ministro confesó hace poco que sufría mucho en el cargo, habrá que interpretar que el hecho de redactar ese documento habrá sido para él como ponerse un cilicio. O dos. El caso es que no deja el cargo por dignidad, ni para dejar de sufrir, sino que va a otro sitio en el que tampoco le van a faltar espinas.

La carta denota la escasa convicción del ministro, no está contento con la ley, pero trata de convencerse, y de convencer a los demás, de que es justa. La culpa, claro, la tiene el PP, que debería haberla hecho antes. No sabemos si el ejercicio de la política conlleva el infantilismo o si es conditio sine qua non para dedicarse a ella. No son sólo los forofos de los partidos quienes lo padecen sino también los propios políticos.

Se refiere Celestino Corbacho al desmedido peso de la construcción en el sector productivo español y omite decir que ello es precisamente por culpa de los partidos políticos, que la propulsaron y promovieron en los sitios en los que gobernaba cada uno de ellos, ayuntamientos, Comunidades Autónomas, gobierno de España, y en particular de su gobierno, que marcaba las pautas a todos.

Y ahora resulta que en lugar de despedir a las tres cuartas partes de la clase política, que es la principal culpable, se aprovecha la crisis para conceder a los empresarios lo que llevan decenios pidiendo, el abaratamiento del despido. Y Corbacho trata de camuflar esto. Los sindicatos han sido conscientes en todo momento de lo que estaba ocurriendo y de lo que vendría después, pero callaban porque les convenía. A sus clases dirigentes, claro. ¿Y ahora qué? A disimular también, como el pobre Corbacho.

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¿Conviene abaratar el despido?

Cíclicamente, y aprovechando cualquier coyuntura, la que sea, que se presente surgen voces que, con gran solemnidad y empaque, piden que se abarate el despido, o que éste sea totalmente libre, alegando que con ello se fomentaría la creación de empleo. Ante esa propuesta cabe recordar que estamos en crisis y que el sistema español tampoco ofrece garantías a los ciudadanos.
La crisis, todos, o casi todos, los analistas coinciden en ello es de confianza. Para que las cosas volvieran a funcionar sería menester que la gente creyese en el sistema, o sea, en sus clases dirigentes, principalmente las políticas. No hace falta explicar que, en esa cuestión, no vamos por buen camino. Las clases dirigentes españolas no se esfuerzan en conseguir la confianza de las gentes.
Por otro lado, cabe reconocer que el último responsable de la crisis ha sido el egoísmo, que ha llevado a vivir irresponsablemente y a querer exprimir la situación hasta la última gota sin tener en cuenta las consecuencias. Todos somos culpables de ella, pero unos más que otros. No puede tener la misma culpa el trabajador que, dejándose contagiar por ambiente, ha estirado el brazo más que la manga que las clases dirigentes, empresariales y políticas, cuyas posibilidades para imponer la cordura han sido mayores.
Abaratar el despido sería lo mismo que echarles la culpa a los trabajadores y además serviría para fomentar la desconfianza y el miedo. Los empresarios desaprensivos, que los hay, aprovecharían ese temor para explotar más a sus empleados.
Por otra parte, las garantías jurídicas de los ciudadanos españoles no pasan de ser teóricas, por cuanto la división de poderes también lo es. De hecho, el poder no lo tienen los ciudadanos sino los partidos. En España el poder judicial, el legislativo, el ejecutivo, e incluso el llamado cuarto poder, está mediatizado por ellos. Tampoco los sindicatos españoles ofrecen suficientes garantías a los trabajadores.
En estas circunstancias, proponer el abaratamiento del despido es una irresponsabilidad que sólo serviría para generar mucha más desconfianza y, en definitiva, empeorar la crisis. Más acertado sería aprovechar la ocasión para regenerar el sistema.

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