Hace
poco, refiriéndose a la corrupción, la presidenta andaluza dijo:
«Andalucía no es Madrid ni Valencia, aquí no voy a permitir eso.»
Y hoy, ¡zas!, detienen a 26 en Andalucía. Susana no dijo nada de
Cataluña, que es en donde está el mayor foco de corrupción en
España.
Unidas
todas esas cosas sus palabras pierden mucho crédito, por más que
las adobara con algo inusual y realmente atractivo, como es el
anuncio de que cualquier persona que resulte imputada por el Supremo
o por el Tribunal Superior de Andalucía tendrá que dejar el escaño.
Su
error consiste en que si realmente tuviera deseos de luchar contra la
corrupción plantearía directamente la independencia del Poder
Judicial, que tendría que ser económica también para que realmente
fuera efectiva.
Hay
una propuesta, que considero razonable, que consiste en que los
miembros del Consejo General del Poder Judicial sean votados por los
jueces y los funcionarios del ministerio de Justicia. Los
funcionarios son los que mejor conocen a los jueces, puesto que los
ven trabajar y los soportan o disfrutan.
Lo
que ocurre es que a la mayoría de los partidos políticos españoles
no les interesa. Ellos sabrán por qué; los contribuyentes, con
mayor o menor acierto, lo imaginan. Sólo UPyD lo ha pedido, aunque
creo que no en los mismos términos que he explicado más arriba. Y
supongo que a Ciudadanos le parecería bien que se implantara.
Si
los jueces fueran absolutamente independendientes del Poder Ejecutivo
nos habríamos ahorrado mucho dinero, porque se habría robado mucho
menos, mucho fraude fiscal, mucha vergüenza, porque la payasada del
9/11 no se habría llevado a cabo, y muchos de los que chulean a los
ciudadanos cada día estarían en la cárcel.
La
independencia del Poder Judicial no garantiza que todo vaya sobre
ruedas. Pero sí que garantizaría que los jueces que quisieran hacer
correctamente su trabajo pudieran. Esto ya serviría para frenar
muchas cosas.
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