Ya
hace muchos años que las empresas han adecuado sus estructuras a los
nuevos tiempos, reduciéndolas, eliminando todo aquello que no fuera
estrictamente necesario.
Bueno,
algunas se permiten grandes lujos, como tener en nómina a Felipe
González, Ángel Acebes, José María Aznar, Pedro Solbes, etc.,
pero probablemente para colocar a cualquiera de esos han tenido que
despedir primero a mil empleados.
La
cuestión es que el contribuyente español ha de ver que sus
impuestos se destinan, en buena medida, a financiar partidos
políticos, sindicatos, organizaciones eclesiales, etc., y las
cantidades destinadas a esos fines, lejos de menguar, como demandan
los tiempos, han venido creciendo año a año.
Y
de pronto, se anuncia que una partida se va a reducir. Con la tímida
reforma de la Administración Local que anuncia el Ejecutivo espera
ahorrar algo más de 7000 millones. Menos da una piedra.
¡Ah!,
cómo se gastan nuestro dinero los políticos y los curas y nadie
piensa que eso pueda ser pecado.
Tras
el adelgazamiento de la Administración, que no se llevará a cabo de
forma automática, sino que se apurarán todos los plazos legales,
para no perdonarle ni un céntimo al contribuyente, y no se notará
que funcione peor, sino que las cosas seguirán igual que siempre,
como si no pasara nada.
La
reforma podría ser mucho mayor, porque las tareas burocráticas de
las diputaciones podrían ser asumidas por una dirección general y
las que no están destinadas más que a propiciar el brillo del
presidente de la diputación sobran. Sobran las diputaciones, como
sobran tantas otras cosas, y el ahorro sería mucho mayor.
Pero
hay una reforma que ni Rubalcaba ni Rajoy abordarán ni propondrán,
quizá por la cuenta que les trae, y que sería la democratización
total de España, y no este sucedáneo con el que nos conforman y nos
desangran.
