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martes, 5 de abril de 2011

El peligro Grisolía

El científico Santiago Grisolía, presidente también del Consejo Valenciano de Cultura, quizá tenga más cargos, ha lamentado que se maltrate a Jorge Bellver, concejal de Urbanismo del ayuntamiento de Valencia. El maltrato al que se refiere, según información que publica el diario Las Provincias, firmado por Paco Moreno, es la decisión de la Audiencia Provincial de desestimar el recurso de Bellver y abrir oral para establecer si prevaricó o no al autorizar el aparcamiento junto al jardín de Monforte.
Hay que decir que el jardín de Monforte, tal como fue concebido, está en peligro, porque el citado Bellver tiene el malvado propósito de desvirtuarlo sustituyendo un muro por una verja. La excusa es que la vegetación tiene humedad por culpa del aparcamiento al que se refiere el juicio. Hay que añadir también que junto a Santiago Grisolia, también han votado a favor de semejante despropósito Manuel Ángel Conejero, Enrique García Asensio y Luis Prades, todos ellos miembros del Consejo Valenciano de Cultura. Como nota curiosa cabe destacar que Santiago Grisolía invitó a Fernando Villalonga a formar parte de dicho Consejo.
La utilidad de este organismo para los valencianos es muy cuestionable, puesto que suele posicionarse a favor de quien nombra a sus miembros y no de quien les paga, que es el pueblo. Son famosas las polémicas del propio Grisolía con Marco Molines, abogado este que tomó sobre sus hombros la tarea de defender la legalidad en el caso del Teatro Romano de Sagunto. Ha ganado todos los pleitos sobre este caso, lo que demuestra que tiene razón. Pero Grisolía le ataca porque la voluntad de Marco Molines, refrendada por todos los jueces, uno tras otro, no concuerda con la del poder político. Al menos en estos casos, cuando las decisiones de los jueces no concuerdan con los deseos del poder político, Grisolía está de parte de este último.
Y queda una pregunta: ¿Qué beneficios les reporta a los ciudadanos el Consejo Valenciano de Cultura? Porque si se dedica a cuestionar a los jueces, más vale dedicar el dinero que cuesta a otras necesidades realmente perentorias.
'El espíritu del último verano'
'Perdurablemente anfetamínico'
'Cómo provoqué la crisis financiera'
'En mi furor interno'
'No había más que empezar'
'Han cegado a Narciso'
'Un tiempo para la igualdad'
'La vida y la poesía de Federico García Lorca contada a los niños'

lunes, 20 de octubre de 2008

Francisco Camps, exultante

Anda Francisco Camps la mar de contento porque ha ganado por abrumadora mayoría. Sin embargo, este detalle no es positivo precisamente, más bien resulta totalmente inquietante. Todo lo que no sea tener, al menos, un treinta por ciento de votos en contra es muy mala señal. Tanta unanimidad viene a indicar que en ese partido nadie se fía de nadie; quizá haya más de un psicópata poniendo orden en el partido. Significa que la hipocresía y el disimulo han tomado el mando en la plaza.
No es posible que no haya nadie en el partido disconforme con que Educación para la ciudadanía se dé en inglés. Si hay alguna idea buena sobre esta cuestión, procederá de fuera del partido. Me refiero, por ejemplo, al artículo
Ciudadanía y ciudadanos, que escribió Vicente Garrido Genovés, en días pasados. Utilizar a los niños como arma electoral no es muy edificante.
Tampoco es posible que no haya ni una sola voz en el partido que clame por la ridícula actitud del gobierno valenciano, a través de la consejera de la cosa, ante la sentencia que obliga a revertir el Teatro Romano de Sagunto. Como dice el abogado, Juan Marco Molines, que en solitario defiende el patrimonio y el honor de los valencianos, asusta ver en qué manos estamos. Cuesta de entender que ni un solo diputado popular clame en defensa del idioma valenciano y, por el contrario, dé por bueno que se tome el pelo a los valencianos con la Academia Valenciana de la Lengua, que además es carísima. Resulta igualmente extraño que nadie proteste por el hecho de que se utilice el agua como recurso electoral, siendo así que este modo pierden fuerza las reclamaciones de los trasvases.
No hace mucho, los españoles nos asombramos del hecho de que los congresistas estadounidenses votaran en contra del gobierno, evidenciando su libertad de voto. Pensamos que esas cosas no pueden ocurrir en España. Es evidente que no. Los políticos españoles piensan por sí mismos, no por los ciudadanos.

sábado, 10 de mayo de 2008

El papel de los intelectuales

Los intelectuales, como es sabido, tienen la obligación moral de denunciar los abusos del poder y de proponer nuevos caminos o fórmulas, más eficientes o imaginativas. Pero el poder, si no inteligente, al menos es listo y cuenta con un arma que se viene revelando como muy eficaz y que no es otra que el manejo del presupuesto. De modo que tanto el gobierno español como los autonómicos tienen creados organismos, premios y sinecuras, con el objetivo de que los intelectuales no les creen problemas, cosa que consiguen. Por si fuera poco el temor reverencial que los españoles tienen a denunciar, dado la gran facilidad para crear listas negras de quienes tienen algún tipo de poder, faltaba que los intelectuales tampoco lo hicieran.
La Comunidad Valenciana no podía ser menos que otras y así su gobierno mientras humilla y margina a las que no le son útiles, como la
RACV, paga generosos sueldos y subvenciones a otras, como la Academia Valenciana de la Lengua, o el Consejo Valenciano de Cultura y otras.
Los componentes de este CVC debieron protestar en su día, cuando se perpetró la ilegalidad contra el Teatro Romano de Sagunto. Hay que suponer que al menos algunos lo hubieran hecho, si no hubieran pertenecido al citado Consejo. La realidad es que, como miembros del citado CVC, apoyaron la barbaridad. Años después, gracias al tesón individual de Juan Marco Molines, ciudadano ejemplar y digno de reconocimiento público, los tribunales de justicia, después de un largo proceso en el que ha encadenado varias sentencias, todas a favor de devolver el Teatro Romano a su estado original, se ha llegado al final y ya no queda más opción que cumplir la sentencia. El propio Tribunal Supremo ha marcado un plazo. No obstante, el propio CVC, lejos de avergonzarse y disculparse de actitud primera y con la honrosa excepción de
Elena Negueroles, se mostró contrario a cumplir la sentencia. No está de más recalcar que a esos miembros del CVC, les pagan los ciudadanos.
El propio gobierno valenciano, que sí que obliga a cumplir las leyes a los ciudadanos, ha creado una comisión interdisciplinar para que estudie el modo de no cumplir la sentencia. Dicen que lo han encontrado.

miércoles, 12 de marzo de 2008

Una voz sensata en el CVC

Y no puede ser otra que la de Elena Negueroles, que ha hecho constar su discrepancia con el informe oficial que remitió el Consejo Valenciano de Cultura, al cual pertenece, a la Consejería de Cultura de la Generalidad Valenciana.
Algún partido debería plantear la conveniencia de que los miembros del citado Consejo fueran elegidos directamente por los ciudadanos y con ello nos evitaríamos que estuvieran al servicio de los políticos que les nombran, pero no les pagan.
Se empeña el Consejo Valenciano de Cultura en que el Gobierno Valenciano desacate la sentencia, que obliga a revertir el Teatro Romano de Sagunto, como en su día estuvo de acuerdo en que se incumpliera la ley.
Un Consejo de Cultura que desconoce lo importante que es el cumplimiento de la ley, no sirve de ningún modo a los ciudadanos para los que teóricamente trabaja. Si las leyes no se cumplen, ¿qué esperanza les queda a los humildes frente a los poderosos?
Elena Negueroles ha dicho que si en 1987 hubiera estado en el CVC hubiera votado en contra de la actuación en el Teatro Romano. Ahora se muestra favorable a cumplir la sentencia.
La Consejera de Cultura, displicentemente, dice que va a estudiar la sentencia para ver a qué obliga exactamente. Pese a ello, no ha sido destituida por ese Camps, capaz de comulgar de las manos del Papa con gran fervor y jurar el cargo ante su propia Biblia. ¿Tanta devoción no le impide burlarse de los ciudadanos?
El abogado, Juan Marco Molines, merece todos los parabienes y el homenaje de la Generalidad por haber defendido por sí solo y sin ayudas el cumplimiento de la ley. Los ciudadanos se lo debemos, puesto que la Generalidad ha incumplido sus obligaciones. La ley ha vuelto a estar en todo lo alto, gracias a Juan Marco Molines. No obstante, este encomiable abogado dice que Rambla, otro servidor público, ja, le aconsejó que abandonara el caso, puesto que ya no le interesa a nadie y le iba a dar poco prestigio. Esto retrata a Rambla.

martes, 8 de enero de 2008

Acatar la sentencia

Ha dicho Manuel Portaceli, uno de los dos arquitectos que hicieron la restauración, que acatará la sentencia que obliga a revertir el Teatro Romano de Sagunto, si no hay más remedio. O sea, como si un reo, tras la sentencia condenatoria, le dijera al juez: si no hay más remedio, iré a la cárcel. Probablemente, el Señor Portaceli es un gran arquitecto, que en eso no voy a entrar. Pero como arquitecto debía saber que las obras que estaba haciendo en el Teatro eran ilegales. Entonces cabe preguntar por el grado de civilidad que se le puede suponer a quien perpetra una ilegalidad a sabiendas. Sin leyes, el mundo se convierte en una selva. No puede defenderse el hecho de que llegue alguien y convenza al consejero de Cultura, en este caso Cipriano Císcar, de que lo más vanguardista es reconvertir el Teatro Romano en otra cosa, y éste se acaricie los rizos y a continuación ponga manos a la obra sin más. El resultado es polémico, a unos les gusta mucho y a otros les llena de desagrado (y muchas de las opiniones tienen que ver con la secta en la que se alinean quienes las emiten, o con el lugar del que nutren sus carteras). El criterio arquitectónico seguido en la reconversión, probablemente, es correcto. Pero la ilegalidad es flagrante. Las obras llevan 17 años en los tribunales, puesto que los perdedores han recurrido una tras otra todas las sentencias, hasta llegar al final. De modo que no caben dudas. Jamás se le agradecerá bastante a Juan Marco Molines todo el esfuerzo que ha hecho en defensa de la legalidad. Gracias a él, la civilización se ha apuntado un tanto. Lo cierto es que aun hay quienes le critican. Todo por la secta. Como arquitecto, Portaceli, puede ser grande, pero está demostrando que su alma es muy pequeña. En 17 años ha tenido tiempo para meditar y darse cuenta de que por muy satisfecho, desde el punto de vista arquitectónico, que se pueda sentir de su obra, jamás debió hacerla. El daño que ha hecho no podrá ser reparado. Y somos los ciudadanos los que cargamos con las consecuencias, injustamente.