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viernes, 25 de julio de 2008

Santiago Grisolía, criticado

Cuando Santiago Grisolía, junto con un grupo de intelectuales, todos a sueldo de alguna institución oficial, emitió el dictamen en el que se recomienda no cumplir una sentencia, no lo criticó nadie. Aquí hay varias cuestiones a considerar. Si los interesados emiten un dictamen por encargo y están a sueldo de la Administración, no actúan en este caso como intelectuales. Si no se respeta la ley, en este caso una sentencia, no hay democracia. La ilegalidad la cometió el Partido Socialista y quien ha de cumplir la sentencia, y se niega a hacerlo, es el Partido Popular. Por tanto, unos y otros pecan de sectarismo y demuestran que sus convicciones democráticas son escasas.
Cuando Santiago Grisolía se muestra conforme con la Academia Valenciana de la Lengua, nadie le critica. Pero esta Academia nos cuesta mucho dinero a los valencianos, que luego falta en otros sitios, que quedan desatendidos. No hay ningún motivo para que haya que hacer este gasto, que únicamente interesa a los partidos políticos, por aquello de sus alianzas y de sus apetencias de poder. El PP perdió las elecciones en Cataluña y Francisco Camps intenta ganarse la benevolencia de los catalanes y la citada Academia le viene que ni pintada para ello. De hecho, mandó a la presidenta de la AVL a hacer unas declaraciones, muy del gusto de los catalanes, a un periódico catalán.
Y cuando sí actúa como intelectual adhiriéndose a al Manifiesto por la lengua común, puesto que lo hace por propia iniciativa, surgen las críticas por doquier. Definitivamente, las convicciones democráticas de los políticos españoles son escasas o nulas. Se puede estar a favor o en contra del manifiesto, lo que no resulta muy democrático es criticar a quienes lo firman o no lo firman. Cada uno es libre de tomar la opción que crea más conveniente. Ahora bien, quienes telefonearon al profesor y le arrancaron la confidencia de que lo había firmado sin leerlo, deberían saber lo que se dice en el
Jardín de Epicuro sobre la cuestión.

'El profesor en la trinchera'
'Bailaré claqué sobre tus sombras'
'Cuentos de la selva para los niños'
'El sueño milenario'
'El sanador de caballos'
'La cocina al desnudo'
'Educar sin gritar'
'El pequeño dictador'

sábado, 10 de mayo de 2008

El papel de los intelectuales

Los intelectuales, como es sabido, tienen la obligación moral de denunciar los abusos del poder y de proponer nuevos caminos o fórmulas, más eficientes o imaginativas. Pero el poder, si no inteligente, al menos es listo y cuenta con un arma que se viene revelando como muy eficaz y que no es otra que el manejo del presupuesto. De modo que tanto el gobierno español como los autonómicos tienen creados organismos, premios y sinecuras, con el objetivo de que los intelectuales no les creen problemas, cosa que consiguen. Por si fuera poco el temor reverencial que los españoles tienen a denunciar, dado la gran facilidad para crear listas negras de quienes tienen algún tipo de poder, faltaba que los intelectuales tampoco lo hicieran.
La Comunidad Valenciana no podía ser menos que otras y así su gobierno mientras humilla y margina a las que no le son útiles, como la
RACV, paga generosos sueldos y subvenciones a otras, como la Academia Valenciana de la Lengua, o el Consejo Valenciano de Cultura y otras.
Los componentes de este CVC debieron protestar en su día, cuando se perpetró la ilegalidad contra el Teatro Romano de Sagunto. Hay que suponer que al menos algunos lo hubieran hecho, si no hubieran pertenecido al citado Consejo. La realidad es que, como miembros del citado CVC, apoyaron la barbaridad. Años después, gracias al tesón individual de Juan Marco Molines, ciudadano ejemplar y digno de reconocimiento público, los tribunales de justicia, después de un largo proceso en el que ha encadenado varias sentencias, todas a favor de devolver el Teatro Romano a su estado original, se ha llegado al final y ya no queda más opción que cumplir la sentencia. El propio Tribunal Supremo ha marcado un plazo. No obstante, el propio CVC, lejos de avergonzarse y disculparse de actitud primera y con la honrosa excepción de
Elena Negueroles, se mostró contrario a cumplir la sentencia. No está de más recalcar que a esos miembros del CVC, les pagan los ciudadanos.
El propio gobierno valenciano, que sí que obliga a cumplir las leyes a los ciudadanos, ha creado una comisión interdisciplinar para que estudie el modo de no cumplir la sentencia. Dicen que lo han encontrado.

miércoles, 30 de enero de 2008

La democracia, según el PNV, el PSOE (y El País)

Es posible que si no fuera por el dique que proporcionan las leyes yo ya no estuviera vivo. La explicación quizá habría que buscarla en el hecho evolutivo. Así como hay una porción de la humanidad que partiendo del mono ha evolucionado, hay otra suerte de individuos que más bien hace pensar en la involución. Acaso el mono que la propició esté arrepentido. De la involución dan idea también ciertos sujetos que pululan por la política vasca. Últimamente, hubo una manifestación en Bilbao, a la que acudieron algunos miles de personas, para pedir que no se cumpla una sentencia, y en la se corearon consignas propias de retrasados mentales. Los convocantes de la manifestación demostraron tener una idea de la democracia similar a la que pudieran tener los más afamados dictadores.
Sin la leyes, los ciudadanos quedamos indefensos y a merced de quien quiera atentar contra nosotros. Sin leyes no puede haber democracia. Y obviamente han de cumplirse. Bien obliga el gobierno vasco a cumplir las suyas; por tanto, los políticos vascos deben cumplir todas las leyes en vigor o, por dignidad, abandonar la política.
Por otro lado, los ciudadanos tenemos el derecho a instar al PNV a que haga todo lo que pueda para acabar con ETA, y así veremos cuantos votos consigue sin ella. Todo lo que pueda significa, por ejemplo, que no equipare las sentencias de los jueces con los atentados.
Volviendo a las leyes y la necesidad de acatarlas, ocurre que en las tierras valencianas también hay manifestaciones en las que se insta a no cumplir la ley. En concreto, la sentencia que obliga a revertir el Teatro Romano de Sagunto. Ya son muchos años los que lleva en liza el asunto y tantas sentencias que ya no puede haber más, por haberse llegado al final del camino. Tanto los políticos del PNV como los del PSOE sacan a Franco a relucir cada vez que se les antoja. Pero si fueran tan demócratas como presumen, acatarían las leyes y las sentencias judiciales.
En El País, ese diario que dice que lucha por la libertad, aparecen muchos artículos contrarios al cumplimiento de la sentencia.