Parece
ser que el gobierno valenciano se propone hacer una serie de reformas
que, en principio, parecen recomendables, pero falta saber cómo se
concretan luego.
La
reducción del número de diputados de 99 a 79 parece muy loable,
porque significa un gran ahorro para el contribuyente, pero habría
que ver como se lleva a cabo, porque si van a salir perjudicados los
partidos minoritarios quizá a los contribuyentes no les convenga el
ahorro. Por eso, el anuncio de que lo harán con o sin la
colaboración de la oposición es inquietante. Los cambios que se
hagan deben redundar en beneficio de los ciudadanos y no de algunos
partidos políticos, por lo que buscar el acuerdo entre todos es
fundamental. Habría que hacer públicos los motivos de unos y de
otros, en favor o en contra de los cambios propuestos.
La
elección directa de parte de los parlamentarios parece tímida. ¿Por
qué sólo parte de ellos? ¿A qué partido no le interesa este
cambio?
La
eliminación del aforamiento es algo que viene pidiendo UPyD desde
hace tiempo, y se negaban a ello otros partidos que ahora lo piden
también, sin explicar los motivos por los que han cambiado de idea.
Simplemente, olvidan su actitud anterior.
Pero
se echa de menos que entre las medidas propuestas figuren la
supresión de la fenicia Academia Valenciana de la Lengua y otros
organismos igual de inútiles. Esta academía se fundó con el
objetivo de imponer las normas del IEC en el Reino de Valencia (los
hay que le llaman País Valenciano, y esos son los que defienden la
permanencia de esa instición que tan cara cuesta a los valencianos).
Para ese fin lo correcto sería utilizar directamente las normas del
IEC y no gastarse el dineral que cuesta esa nefasta academia.
Lo
que no deberían perder de vista esos políticos que dicen que se
sacrifican por los ciudadanos es que las lenguas son herramientas de
comunicación y no instrumentos de tortura. Imponer una lengua es una
torpeza.
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