Ignoro
si quienes desde instancias no nacionalistas lucharon para que Sortu,
Bildu y demás fueran legalizados, si quienes consintieron, con su
pasividad, que fueran legalizados, si quienes sentenciaron su
legalidad, si quienes se alegraron de que fueran legalizados, estarán
satisfechos.
Lo
ideal sería que sintieran vergüenza, pero no puedo asegurar que sea
el caso.
De
lo que Sortu advierte al Estado que cierta agresión lo hace más
fuerte y resulta que la agresión es una sentencia judicial. Y
entonces uno se pregunta que cómo es posible que una parte de la
Administración, como lo es un partido político declarado legal y
que, por tanto, recibe subvenciones del Estado, pueda comportarse de
esa manera tan descarnadamente salvaje.
Vivimos
en un mundo que pretende ser civilizado y eso supone que haya reglas,
normas, leyes, que han de ser cumplidas escrupulosamente.
Por
eso resulta tan admirable Covite,
que es una asociación que no recibe subvenciones, y que lo que
reclama es precisamente que se cumpla la ley. Y entonces tenemos a
una asociación ejemplar que exige lo que debería exigir todo
ciudadano y que esta tarea la lleva a cabo con sus propios medios, y
hay formaciones políticas que reciben subvenciones del Estado que
atacan al Estado y no pasa nada. Rajoy mira al tendido, Sánchez no
termina de aclararse, quizá resulte ser más insustancial que
Zapatero.
No
se debería consentir que se llame presos políticos a despiadados
asesinos, y que además se exija que vuelvan a casa. Esto es añadir
dolor a las víctimas, a las que el Estado está obligado a proteger
y amparar.
Puestas
así las cosas, Rajoy debería convocar a los partidos leales a la
Constitución, que son los únicos a los que cabe catalogar como
democráticos, para buscar entre todos el modo de ilegalizar a los
enemigos de la democracia, a los que no respetan las leyes.
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