La
Justicia española no sólo carece de independencia con respecto al
poder político y también de medios, sino que las propias leyes se
muestran insuficientes para solucionar los casos más atroces.
Hay
más de 300 crímenes de Eta sin resolver; el cuerpo de Marta del
Castillo no aparece; algunos de los que intervinieron en este crimen
se han salido de rositas; etc.
En
el caso del asesinato de Asunta cabe la posibilidad de que no se
logren suficientes pruebas para acusar a alguien. En el caso de Marta
del Castillo hubo que soportar unos tipejos pudieran burlarse
impunemente de los jueces y los policías y les hicieran gastar en
vano 600 000 euros para no encontrar su cuerpo. En lo que respecta a
Asunta, los sospechosos son personas muy cualificadas, por lo que
todo pudiera resultar más difícil aún, aunque por lo menos ha
aparecido el cuerpo.
Resulta
significativo, no obstante, que para poder adoptar se les hiciera
previamente toda una larga serie de pruebas psicológicas para
determinar su estabilidad emocional, al cabo de los cuales se les da
el certificado de idoneidad. Y puesto que ahora se habla de
psicopatía hay que pensar que entre esa larga serie de pruebas
psicológicas no está la de Robert Hare.
Con
lo importante que sería para nuestra sociedad que se detectase
precozmente a los psicópatas, por el bien de todos, porque si se
hunde el mundo se hundirán ellos también, y no se hace.
La
lógica lleva a pensar que en los puestos de mando, o en sus
cercanías, hay un número suficiente de psicópatas para impedir que
se establezcan estas medidas.
La
sensación imperante es que en España unos tienen ventaja sobre
otros. Y el único modo de combatir esta percepción consiste en
establecer unas leyes que se ajusten a la realidad y dar la
independencia de los demás poderes y los medios necesarios al poder
judicial.
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