El
dinero público en España da para mucho en unos casos, y poco en
otros. Las subvenciones que se reparten deberían tildarse de
escandalosas. Y no hay nadie que trate de arreglar este desaguisado,
del mismo modo que a ninguno de los que podían puso empeño en
desinflar la burbuja inmobiliaria y dejaron que estallara sola.
La
cantidad que perciben los partidos políticos y los sindicatos de las
cuotas de sus afiliados son ínfimas, de modo que se financian de
forma mayoritaria de las subvenciones que reciben del Estado. Y esto
les parece bien. También algunas organizaciones de la patronal
reciben dinero de los impuestos.
Los
sindicatos mayoritarios son, además, propietarios de un buen número
de empresas y gestionan otras. Las sociedades controladas por los
sindicatos tienen unos activos que quizá superen los 250 millones de
euros, y sus beneficios pueden sobrepasar los diez millones de euros
anuales.
Si
todo esto lo hubieran conseguido gracias a las subvenciones y las
comisiones que se llevan gracias a los ERE y demás actuaciones
sindicales, no cabe duda de que la legislación española es muy
generosa con ellos. Y también con los partidos políticos
y asociaciones de la patronal.
Mientras
que un trabajador ha de buscarse la vida, UGT y CC.OO., tienen la
vida asegurada. Cada año cobran su subvención, y quizá de año en
año se la suben.
Sería
cuestión de establecer una verdadera democracia, sin disciplina de
voto, y con funcionamiento interno en los partidos políticos y los
sindicatos acordes con este sistema política. Lo ideal sería que se
financiaran con las cuotas de sus afiliados y si no hubiera modo de
que éstas fueran suficientes, los criterios para dar las
subvenciones deberían ser otros, y fundamentalmente deberían estar
relacionados con el número de afiliados que estuvieran al corriente
de los pagos. En realidad, se trataría de quitarles parte del poder
que tienen, para entregárselo a los ciudadanos y trabajadores.
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