No
me puedo referir a un empresario concreto, a ese que de vez en cuando
excreta una homilía, por ejemplo, puesto que no dispongo de la
suficiente y contrastada información. No sé, por tanto, si le queda
bien el traje
que confeccioné hace algunas semanas.
Se
puede suponer, no obstante y sin margen de error, que en España hay
unos cuantos empresarios que ejercen la violencia contra sus
trabajadores. Violencia moral, obviamente. Cada vez lo tienen más
fácil en este terreno. El hecho de que desde hace años se describa
esta lacra y se diga y se demuestre que quienes la llevan a cabo
denigran al género humano no ha hecho que disminuya, sino en todo
caso que quienes la practican sofistiquen sus métodos y quienes la
sufren no se atrevan a denunciarla.
El
único modo de erradicarla consiste en convertir a España en una
democracia, con separación de poderes. Si la Justicia fuera
independiente, los oligarcas no podrían campar a sus anchas y reírse
de quienes les venga en gana. Podrían tener bajo nómina a algunos
jueces corruptos, pero no a todos.
Cuando
los trabajadores españoles se sientan capaces de vencer a un
oligarca en los tribunales, porque se instale en la opinión pública,
como bastante real, la idea de que todos somos iguales ante la ley,
dejarán de considerarse súbditos, o esclavos, y se convencerán de
que pueden ser señores, si ponen empeño en comportarse como tales,
porque es obvio que muchos prefieren ser esclavos.
Cuando
los trabajadores tengan la posibilidad de considerarse señores es
cuando el temor comenzará a desaparecer en los centros de trabajo.
El
problema en este caso sería otro. Si la Justicia fuera
independiente, el pánico se trasladaría a la clase política. Quizá
sea por ello, o sin quizá, que los políticos españoles, en su
mayoría, no tienen ninguna prisa en otorgarnos la democracia.
Tampoco los ex presidentes se han manifestado en este sentido.
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