Que el gobierno dilapide a manos llenas el dinero de los contribuyentes no le da moralmente derecho a la presidenta de la Comunidad de Madrid a hacer lo mismo, aunque sea en cantidades ínfimas puestas en comparación.
Uno de los grandes males de España es el gran número de chiringuitos, sin que ninguno de los cuales resulte beneficioso a los ciudadanos. Lo que hay que hacer es eliminarlos, no habilitar otros. Es preocupante que Ayuso haya emprendido ese camino, quizá para pagar con dinero de los impuestos algún servicio prestado, pero denota que esta mujer no termina de tener claro qué es lo que conviene a los españoles. No se ha enterado de que dado el elevado nivel de la deuda, por culpa de Zapatero, no queda más remedio que ir eliminando gastos. Que son superfluos, por otra parte. Rajoy, en su innata cobardía, no se atrevió, aunque, sin duda, sabía que ese es el camino, y al Felón, en su innato descaro, no le importa aumentarla.
Se esperaba un poco de sensatez en esa presidenta que presume de defender a los madrileños, pero se conoce que inmersa en el mundo de los políticos, en el que tocar a los enchufados de los chiringuitos es deporte de alto riesgo, ha optado, como Rajoy, por la senda fácil, la de sangrar fiscalmente a los más indefensos.
Hay que cerrar todos los chiringuitos, todas las televisiones regionales, Alberto Fabra cerró una, y Ayuso debería seguir su ejemplo, suprimir todas las subvenciones a la prensa, y regular las que se dan a los sindicatos y organizaciones empresariales, de modo que los cambios de titularidad en el gobierno no les afecten.
Cualquier político de buen nivel, no un rufián, una lastra, debería ser consciente. Todo ese dinero que resulta improductivo debe ponerse en manos de los particulares, mediante la reducción de impuestos, para que circule y sirva para crear empleo.
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