Se pregunta Ayuso, muy razonablemente, si el Estado ha utilizado todos los recursos de que dispone para defenderse de los terroristas. La respuesta, que ella conoce perfectamente y todos los demás también, aunque algunos digan lo contrario, es que no.
El Tribunal Supremo ya dictaminó que Bildu es ETA, pero luego el Tribunal Constitucional, en una actuación insólita, revocó esa sentencia. Los ‘héroes’, dicho con sorna, fueron Pascual Sala, Eugenio Gay, Elisa Pérez Vera, Pablo Pérez Tremps, Luis Ortega y Adela Asúa.
En virtud de la decisión de estos señores, Bildu ha podido hacer mucho mal e insistir en el envilecimiento de las sociedades vasca y navarra, que igual apalizan a guardias civiles indefensos que hacen homenajes a sanguinarios terroristas. Aizpurúa fue condenada a un año de cárcel por apología del terrorismo y Otegui es un terrorista. Dijo en la televisión española, para vergüenza de sus responsables, si tuvieran, que «quizá hicimos más daño del que teníamos derecho a hacer». Javier Rupérez insiste en que participó en su secuestro, lo cual ha sido confirmado por las informaciones que viene publicando el diario El Mundo. Aparte de que se le atribuyen muchos otros graves delitos y se sospecha que pudo participar en más.
Se puede suponer que toda esta información también la tiene el Estado, y sobre todo que debería tenerla.
Que unos terroristas puedan ser diputados es un riesgo muy grande para los ciudadanos, porque evidentemente no pretenden el bien común. Aparte de eso, es una vergüenza muy grande. Que unos terroristas puedan ser representantes de los españoles, es una brutalidad, una burla, un abuso.
Por tanto, la presidenta de los madrileños hace muy bien en poner todo esto sobre el tapete, para que haya constancia de que hay unos responsables de que las cosas sean así. El menos responsable de todos es Sánchez, porque evidentemente no está en sus cabales, ya hace reír a todo el mundo. La culpa la tienen quienes lo sostienen.
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