Franco, cuyo aniversario de su muerte se cumplirá en los próximos días, cuidaba celosamente el poder, puesto que le iba la vida en ello. Se lo entregó a Juan Carlos I, que, a su vez, se lo dio a los partidos políticos, para que se lo devolvieran a los ciudadanos, sus legítimos propietarios. La obligación de los políticos es cuidarlo, por delegación de los ciudadanos. En lugar de eso, se lo quedaron para sí y se dejaron arrebatar buena parte, con la finalidad de activar las puertas giratorias. Esa es la cuestión, un pueblo esclavo no se da cuenta de que le están tomando el pelo haciéndole creer que es libre. Al menos, bajo Franco sabíamos que sufríamos una dictadura.
La casta política no se ha dejado arrebatar todo el poder, conserva algo, y el que conserva lo usa de forma arbitraria. Es decir, si el poder se le hubiera devuelto al pueblo todo estaría tasado y sometido a la ley, que es el mejor modo que tiene el pueblo, especialmente el más indefenso, de protegerse. Pero no, aquí el poder se usa de forma caprichosa, de modo que nadie está seguro.
El gobierno actual se sirvió de este poder, que es el de Franco, puesto que se lo quedó en lugar de devolvérselo a sus dueños, para indultar a delincuentes peligrosos, como lo son los golpistas catalanes, sin que de ello resulte ningún beneficio para la población, sino un gran riesgo. El beneficio es para los sinvergüenzas -no se les puede llamar de otra forma- que componen el gobierno.
Y acaba de indultar a otra delincuente, cuyo delito también es gravísimo, con el fin de satisfacer el capricho de una ministra de modales repulsivos e ideas peores.
No hay ni un atisbo de piedad, que seguro que merecen otros presos, en estos indultos, sino crueldad manifiesta.
Los intelectuales deberían haber salido a protestar en tropel, pero es que son intelectuales orgánicos, por decirlo en una sola palabra: mamones.
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