El sistema judicial español parece diseñado por mentes perversas. Debería estar orientado a proteger a los que cumplen las leyes de los que no y, sin embargo, todas las garantías son para estos últimos.
No contentos con eso, los legisladores se reservan la potestad de condicionar la actuación de los jueces y los fiscales, puesto que les niegan la independencia que precisan para hacer su labor. Además, los fiscales tienen un plus por cada condena que consiguen, con lo cual se pervierte el sentido de justicia.
Para terminar el asunto, hay que añadir que el gobierno indulta a los peores y con esto se ha redondeado la cuestión.
Quien defiende su casa de un asaltante, en principio es inocente. El invasor no tenía ningún derecho a entrar en esa propiedad. Establecer el criterio de la proporcionalidad en la defensa es dar ventaja al delincuente. Ha entrado en una casa a robar, lo han visto y se lo han llevado por delante. Moraleja: no haber entrado.
Se da la circunstancia de que la vivienda está en una zona aislada, que el dueño de la casa es una persona de avanzada edad y que estaba solo. Si lo condenaran, los ladrones se envalentonarían y buscarían casas aisladas para entrar en ellas sabiendo que los propietarios están maniatados por la ley.
Está muy bien tener consideración con los delincuentes. La calidad moral de una nación se mide por el modo en que trata a los más desfavorecidos. La crueldad no interesa a nadie, pero no es lo mismo ayudar a quienes no han tenido suerte en la vida, que favorecer a terroristas, golpistas y secuestradores de niños.
La benevolencia ha de usarse en beneficio de la sociedad entera, no de unos golfos ambiciosos. La sociedad debe protegerse y hacerlo dentro de los límites adecuados. Eso significa que si a un delincuente le corresponden diez años, que no lo castiguen con quince. Y si en la cárcel demuestra voluntad de regeneración, que se le tenga en cuenta. Pero lo que se hace en España es lo que conviene al poder, no lo que conviene a la sociedad.
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