La función de las leyes, en democracia, es proteger a los ciudadanos de quienes no están dispuestos a cumplirlas. Luego pueden añadirse otras consideraciones y detalles a tener en cuenta.
Cuando se redactó la Constitución ETA era un grupo terrorista muy activo y no se sabía cómo acabar con él. No ha sido el único grupo terrorista.
Se les concedieron muchas ventajas sobre los demás a los nacionalistas, que las han aprovechado sobradamente para perjudicar a España. Además, sus postulados proveían de coartadas a los terroristas. El PSOE tampoco respetaba a los ciudadanos, sino pensaba vivir a su costa. La UCD ya no existe. En este partido había unos pocos, muy pocos, políticos fiables.
De modo que se juntaron algunos que hacían alarde de virtuosismo técnico, otros que se afanaban en alimentar el ego, y los más astutos en arrimar el ascua a su sardina.
Si hubieran establecido la cadena perpetua, habríamos sufrido muchos menos atentados, porque una pena de cárcel de por vida como horizonte habría disuadido a muchos de ingresar en la banda. Los terroristas capturados no habrían mantenido esa actitud altiva en los juicios, sino que sabiendo lo que les esperaba los habrían afrontado de otro modo. Una vez capturados y condenados habrían dejado de ser útiles para la banda. No habría sido necesario dispersarlos.
Es más, seguramente habrían recapacitado bastantes de ellos y es posible que alguno se arrepintiera de verdad y mereciera que se le conmutara la pena por otra. Y los habría que por la misma causa colaborarían con la policía, para evitar o esclarecer atentados.
La cadena perpetua habría sido útil para la sociedad, porque la ETA habría tenido menos capacidad para interferir en la vida política.
Por otro lado, además de terroristas hay otros criminales horrendos a los que tampoco es razonable dejar salir a la calle tras unos años de cárcel.
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