Quien paga manda y las cuotas de sus afiliados se la refanfinfla, porque no dependen de ellas.
Mientras las actividades del presidente del gobierno y sus acompañantes en Colombia producen pasmo y estupor, puesto que a las negociaciones del nuevo presidente de ese país, terrorista, con un grupo terrorista le llama ‘proceso de paz’ e invita a tenga lugar en ese lodazal en que ha convertido España, como si les dijera que vengan a revolcarse en el barro, otro miembro del gobierno pide que venga también el sanguinario dictador Maduro, en el suelo patrio la vicepresidenta comunista hace de las suyas.
Un trabajador que carezca de la posibilidad de encontrar un nuevo empleo en caso de perder el suyo depende de la bondad de su empleador, que puede existir o no.
El único modo de defender a los trabajadores consiste en que la tasa de paro esté al mínimo y haya mucha oferta de trabajo. La labor del gobierno consiste, pues, en sentar las bases para que a los empresarios les resulte atractivo contratar gente y que los trabajadores estén protegidos de posibles abusos por las leyes.
Sin embargo, la misión de la ministra de Trabajo consiste en destruir todo el empleo que pueda, empeño en el que va teniendo éxito, según se desprende de todos los indicadores. Ella trata de camuflar esto dando datos que no son ciertos y que tampoco se cree nadie más allá de los troles que pululan por las redes.
Con sus leyes procura que los empresarios se lo piensen mucho antes de contratar a nadie, porque los números no salen, y ahora se sirve de los sindicatos, a los que riega con abundante dinero público para que hagan huelga contra los empresarios. Lógicamente, los trabajadores no ganan nada con esto y lo correcto sería que las movilizaciones fueran contra ella.
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