Con bastante frecuencia, los diputados, este, ese o aquel, se refugian en el vocablo ‘dignidad’ demostrando con ello que no tienen ni idea de lo que significa, como la si la vendieran en los supermercados a cincuenta céntimos el tarro.
La dignidad es incompatible con el ejercicio de la política. No tiene dignidad quien obliga a los diputados a votar lo que él mande. Tampoco la tienen los que se resignan a obedecer este mandato.
Quienes consagraron la fórmula ‘juro o prometo por imperativo legal’ reconocieron de forma explícita que cl Congreso de los Diputados es un antro.
La Constitución y el Rey representan a todos los españoles, por tanto, no caben medias tintas. El salario de los diputados procede de los impuestos, por lo que están moralmente obligados a procurar el beneficio de todos.
Para decirlo más claro: dignidad sólo tiene quien está dispuesto a pagar un precio por ella. Pondré un ejemplo: José Romeu y Parras murió en la horca por dignidad. Si hubiera renunciado a ella, se lo habrían agradecido con cargos y riquezas.
El presidente del gobierno renunció a su dignidad a vender España a sus enemigos con el fin de obtener el cargo. Ha vuelto a renunciar a ella infinidad de veces más, la penúltima de ellas al soltar a peligrosos delincuentes.
Ha renunciado a su dignidad el PP al colocar en el Banco de España a alguien cuyo nombre debería tener tachado con tinta roja, por haberse burlado en su día de los españoles. Estas cosas no son baladíes, porque representan el cuidado que se tiene con la conveniencia de los ciudadanos, que en este y en infinidad de casos han postergadas por las personales.
Es absolutamente indigno no financiar terapias y medicamentos útiles, por su carestía, mientras se mantienen instituciones y organismos prescindibles, se derrocha en lujos para políticos y se incurre en gastos innecesarios.
Termino, pues, diciendo que la palabra dignidad no debería estar en la boca de ningún político mientras no se den las circunstancias que permitan hablar de ella con propiedad.
Esos libros míos
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