El Supremo ha anulado una sentencia de 24 años de cárcel, de los cuales el condenado ha cumplido 15.
Durante el juicio del caso IVAM uno de los abogados defensores le dijo a la fiscal que lamentaba no poderse querellar con ella. Esta posibilidad de querellarse contra fiscales y jueces también estuvo presente en conversaciones privadas entre juristas en el tiempo previo al citado, haciendo hincapié en que los países tradicionalmente democráticos se da.
Este señor que va a salir de la cárcel tendría que poder querellarse con el tribunal que lo condenó.
Algunos vienen presumiendo ahora del espíritu democrático que mostraron a partir de 1977, cuando España se había constituido en democracia y faltaba redactar la Constitución. Pues no lo mostraron, porque enterraron a Montesquieu, cercenaron la independencia de los jueces y no dieron armas a la democracia para defenderse de los malos.
La base de la democracia es la justicia, y para que la haya los jueces han de ser independientes. Si no lo son, los más humildes están a merced de los poderosos. En las dictaduras, los jueces están al servicio del poder.
Pues si hubiéramos tenido una justicia independiente, y los jueces y fiscales hubieran podido ser objeto de querellas todo habría sido distinto hasta llegar aquí.
¿Es posible que en esas condiciones el tribunal que dictó la sentencia de 24 años de cárcel, ahora anulada, hubiera tenido más cuidado? La pregunta queda en el aire. Pero no solo cabe hacerla en este caso, sino en todos, porque debe de haber habido más equivocaciones. Y en otros caso, como en el citado del Ivam, los seis años de pena de telediario no se habrían producido. Es muy posible que ni siquiera hubiera habido caso Ivam.
Hay que considerar que, moralmente, la sociedad española es responsable del calvario sufrido por la víctima del lamentable error. Habría que procurar que eso no pueda volver a suceder.
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