Cualquier persona con uso de razón debe saber que en democracia todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Para esto es fundamental que los jueces puedan desempeñar su labor con absoluta independencia.
También debe ser consciente de que en democracia no cabe la impunidad, que es propia de las dictaduras.
De lo anterior se desprende que los jueces deberían estar interesados en esa independencia que necesitan para ejercer sus funciones, y los jueces que no la desean es que no aman la justicia, sino que lo que pretenden es tener poder y privilegios, a cambio de su libertad, a la que renuncian con ese fin. Estos jueces, evidentemente, son muy peligrosos.
Todos los juristas de prestigio, por si no estaba claro para los ciudadanos, han explicado con argumentos irrebatibles que la amnistía no cabe en la Constitución.
El presidente del gobierno da por hecho que el Tribunal Constitucional va a dictaminar a favor de la amnistía. Son dos cuestiones: que ya sabe de antemano cual va a ser el fallo del citado tribunal y que en este hay un número suficiente de componentes dispuestos a traicionar al pueblo español.
Otro asunto a considerar es que ocho de los veinte miembros del CGPJ se han rebelado contra esto. Se puede decir que los doce componentes restantes obedecen consignas de partido, con lo cual no están al servicio de los ciudadanos que les pagan el sueldo, sino del partido, y en este caso del presidente del partido, que es el único que cuenta.
No puede decirse de los otros ocho, en este caso, que también obedecen consignas de partido, puesto que abogan por la solución correcta: la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley.
Así las cosas, es evidente que los ciudadanos estamos a merced de los caprichos del poder. No podremos decir como aquel que tras ganarle un juicio al rey de Alemania exclamó: ¡todavía quedan jueces honrados en Berlín! Pues los de España, asustan.
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